Entrevista José Miguel Vivanco

Foto de Ricardo González


José Miguel Vivanco y los temas pendientes en justicia y libertades públicas
“HAY JUECES QUE SE RESISTEN A TERMINAR CON EL SECRETISMO”

Qué mejor para un recuento de este tipo que el director para América de Human Rights Watch, un hombre con vista e información privilegiada a la hora de desmenuzar los enclaves autoritarios en Chile y el continente. De visita en el país para entregar un informe en contra de Alberto Fujimori, se da tiempo para examinar con lupa el estado de nuestras instituciones democráticas. Vaya regalo de Pascua.

Por Miguel Paz / La Nación Domingo (25 de diciembre de 2005)

-¿Qué balance hace Human Rights Watch del Gobierno del Presidente Lagos en materia de derechos humanos?

-Más que del récord del Presidente Lagos preferiría hablar de que aquí quienes se llevan los aplausos son los jueces. Pero no son todos los jueces. Son algunos ministros de las Cortes de Apelaciones de Santiago y provincias que se han tomado con gran seriedad su rol, y que han agotado todas las líneas de investigación posibles en causas de derechos humanos. La opinión pública en Chile tiene claro a qué ministros me refiero.

-¿El Gobierno tiene algún mérito en esto?

-El mayor mérito del Gobierno del Presidente Lagos ha sido dejar hacer y no intervenir. A pesar de que este Gobierno, y esto creo que hay que subrayarlo, en más de una oportunidad ha estado tentado de intervenir en el curso de las investigaciones judiciales.

-José Benquis, antes de retirarse del Poder Judicial, dijo que en la Suprema había un exceso de conservadurismo que mantiene a los magistrados alejados de la ciudadanía. ¿Comparte esa visión?

-Es difícil hacer ese tipo de comentarios porque entramos en un terreno muy subjetivo. En mi opinión, en la Corte Suprema se han ido incorporando poco a poco jueces que tienen un sentido más moderno, más avanzado. Me atrevería a decir, incluso, un compromiso con valores democráticos que van a ir ayudando al máximo tribunal a responder a las expectativas de la ciudadanía.

-¿Se refiere al ministro Sergio Muñoz?

-Es innegable que la incorporación del ministro Sergio Muñoz a la Corte Suprema es uno de los nombramientos más acertados que ha habido. Muñoz es uno de los magistrados de mayor vuelo y capacidad profesional.

“NO BASTA UNA DECLARACIÓN”

-El nuevo presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, dijo que la falta de transparencia perjudica la imagen de la justicia. ¿Él podría lograr un cambio de mentalidad en tribunales?

-No sé. Creo que es muy positivo que haya hecho esas declaraciones. Pero no basta una declaración, hace falta un cambio profundo de actitud. Y no sólo de la Suprema Corte, sino que del resto de los miembros del Poder Judicial. La última vez que revisé, los jueces nacionales, incluyendo los de las Cortes de Apelaciones, eran objeto de unos sistemas de evaluación escolar anual por parte de la Suprema Corte, para ver si los colocaban en lista uno, dos o tres.

-¿Eso atenta contra la autonomía de los jueces?

-En algún grado.

-Los fiscales de la reforma procesal que tuvieron puertas abiertas con la prensa y el público recibieron malas calificaciones este año. ¿Hay sectores de la justicia que se resisten a terminar con el secretismo?

-Sí. Hay un problema cultural de esa institución. Es un cambio que va a tomar un tiempo. Lo habitual es que los ministros o los jueces operen a puertas cerradas. Han sido 100 años de vigencia de un Código de Procedimientos Penales inspirado en unos valores del siglo XIX.

-La reforma procesal penal fue un avance. Sin embargo, la justicia militar no ha sido tocada.

-El tema de la justicia militar es una asignatura pendiente. En eso ha habido algo de negligencia de parte de la Concertación. Es un tema que ha caído en el radar de lo secundario. No es un tema prioritario.

-La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado chileno a indemnizar a Humberto Palamara por la censura de su libro “Ética y servicios de inteligencia”. El caso cuestiona nuevamente a la justicia militar.

-Con esta sentencia espero que se impulse una discusión más seria. Si los actores de la Concertación y las fuerzas militares, dicen no tener objeciones para reformar la Justicia militar, no veo por qué no pueda abordarse. Probablemente ya es muy tarde para la administración del Presidente Lagos, pero para el próximo Gobierno ésta es una asignatura pendiente.

INFORME FUJIMORI

-Su organización acaba de presentar a la Justicia chilena un informe con casos de violaciones de los derechos humanos y corrupción en los que estaría involucrado Alberto Fujimori. ¿Quedaron conformes con el documento?

-Sí. Hay evidencia que puede comprometer directamente a Fujimori en delitos con penas superiores a un año, no prescritos, tanto en Chile como en el Perú, por el principio de la doble incriminación. A lo menos en estos cinco casos que presentamos.

-¿Cuál es el grado de participación de Fujimori en estos casos, según su investigación?

-Yo te diría que autor, muchas veces directo, intelectual, cómplice en algunas circunstancias, o coautor. Pero eso lo determinará la justicia peruana. Lo relevante es que existen testimonios de ex ministros, del jefe de las fuerzas militares de la época, del edecán particular de Fujimori, personal administrativo, un ex agente de los servicios de inteligencia. Todas estas pruebas son testimonios judiciales absolutamente consistentes unos con otros, de que Fujimori conocía este tipo de hechos y muchas veces intervino directamente para que los delitos se siguieran cometiendo o para permitir su encubrimiento. En este informe se individualizan con creces las evidencias que pueden comprometer directamente a Fujimori para la extradición al Perú. Esa es la conclusión de este informe, que se puede leer en nuestra página web.

“LA AUTORIDAD DEBE ESTAR EN VITRINA”

-Volvamos al balance de la democratización. ¿Cómo estamos en libertad de expresión?

-Chile es lento. Y no me refiero sólo a la Concertación, donde, en general, hemos encontrado bastante receptividad a la necesidad de ajustar la legislación interna chilena a sus obligaciones jurídicas internacionales.

-¿Seguimos presos del autoritarismo?

-Aquí, la clase política y muchas autoridades, hasta del mismo Poder Judicial, no abandonan la idea de que tienen derecho a una protección extra a su honor, simplemente por el hecho de ser autoridad. Ese era el espíritu del artículo 6 B de la Ley de Seguridad del Estado y varios artículos del Código Penal que han sido recientemente derogados. Todavía hay normas del Código Penal Militar, volvemos al mismo tema, que establecen fueros especiales que limitan el ejercicio de la libertad de expresión, como por ejemplo el delito de sedición impropia.

-La élite no tiene problemas con la libertad de expresión, salvo cuando le toca a ella.

-Claro. Y a la clase política le gusta ejercer su libertad de expresión. Pero en la medida en que está en una posición de poder, ellos deben entender que el grado de escrutinio público es mayor. No menor. Una autoridad debe estar en una vitrina pública. Y su actuación debe ser objeto de la fiscalización ciudadana y no, como muchos creen, que el resto debemos comportarnos como súbditos que estamos para festejarlos y celebrarles sus brillantes ideas.

-Hablábamos del caso Palamara, pero hay otros casos de censura, como el “Libro negro de la justicia” o “Impunidad diplomática”, y también está la práctica común de las querellas y demandas en contra de la prensa.

-En esto hay que ir por etapas. Hace más de 15 años, la estrategia fue concentrar todas las baterías en el artículo 6 B de la Ley de Seguridad del Estado. Recuerda que el ministro Servando Jordán, todos los parlamentarios, salvo Jorge Schaulsohn y un par de excepciones, invocaron el 6 B contra Francisco Javier Cuadra, a principios de los ’90 para procesarlo cuando él dijo que en el Congreso se consumían drogas. Cuadra lo dijo de forma innominada y el único juez de la Corte de Apelaciones de Santiago que falló conforme a derecho y rechazó la aplicación del 6 B y que se atrevió a ir contra la corriente y a proteger un discurso odioso emitido por un ex ministro de Pinochet fue Carlos Cerda Fernández. Y eso es un ejemplo de la consistencia más absoluta.

-¿Esa misma consistencia no es la que le impide a Cerda llegar a la Corte Suprema, como le pasó al juez Guzmán?

-No sé. Por primera vez está en la quina. No nos adelantemos.

LIBERTAD Y LIBERTINAJE

-¿Cuál sería el próximo paso para seguir ampliando el ejercicio de las libertades públicas en Chile?

-Buscar la despenalización de los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios públicos. Desde luego, despenalizar lo que son las críticas y las ofensas en contra de las instituciones públicas, las Fuerzas Armadas y cualquier entidad que tenga protección judicial en que alguien, su titular, pueda decir “estoy ofendido profundamente. Vamos a llevar a la cárcel a este sujeto que se ha atrevido a ofender la majestad de la justicia”, y dejamos caer todo el peso del Estado, del poder, en contra de un miserable que tuvo la mala idea de hacer declaraciones ofensivas.

-Un eventual Gobierno de Bachelet, con mayoría parlamentaria, ¿tendría alguna excusa para no saldar esa deuda pendiente?

-No. El problema es que la política en Chile, al igual que en todo el mundo, se mueve sobre la base de la coyuntura más apremiante. Y estos temas llegan a la discusión fortuitamente, por un libro, una película, o un personaje que está siendo objeto de procesamiento. Sin embargo, creo que con un trabajo persistente de sociedad civil en Chile es probable que se pueda persuadir a un gran número de parlamentarios y al próximo Gobierno de la importancia de seguir abriendo espacios. Ahora, nunca van a faltar aquellos agoreros del apocalipsis que están dispuestos a apostar que de abrirse los espacios caemos en la debacle, en la degeneración total, en la falta de respeto por las instituciones.

-¿La derecha y los sectores conservadores que piensan que ampliar las libertades es sinónimo de libertinaje?

-Claro. Pero ese discurso, felizmente, se va haciendo cada vez más minoritario y es una visión cada vez más caricaturesca.