El torturador que pasó por víctima

• Cómo burló los mecanismos de selección del Informe Valech
  
  En 1974, el detective Arturo Eugenio Garay González se integró a un grupo similar al Comando Conjunto que operó en la Base Naval de Talcahuano. Participó en la desaparición del ex GAP Rudy Cárcamo, presenció el asesinato del alcalde de Cañete, Elías Jana, y fue reconocido como un feroz verdugo. Hoy recibe beneficios destinados a prisioneros políticos.
  

Por Miguel Paz / La Nación Domingo (22 de abril de 2007)

El protagonista de esta historia no tiene rostro. No hay fotos suyas en la prensa. Sólo existe registro de su voz. De la ocasión que llama a este diario la noche del jueves 12 de abril, para inquirir por este artículo. “Qué te preocupái ahora de un agente olvidado”, se queja con amargura. Abrumado por deudas, considerado un traidor por sus ex compañeros, cuenta que lo andan buscando, que se mueve de un lado a otro, que tiene una vida jodida. Antes de colgar promete fijar un encuentro. Éste jamás se lleva a cabo.
Lo cierto es que la vida de Arturo Eugenio Garay González, subcomisario retirado de Investigaciones, 61 años, víctima inscrita en el Informe Valech con el número 9.481, se jodió hace tiempo. Para ser exactos, 33 años atrás. En los primeros meses de 1974, el día en que flanqueó la entrada de la Base Naval de Talcahuano e ingresó a un sector convertido en campo de prisioneros y centro de tortura.
Ese día, el joven Garay dejó de ser detective y se convirtió en verdugo. Como agente del Centro de Inteligencia Regional (CIRE), una especie de Comando Conjunto creado en enero de ese año por el jefe de la Tercera División del Ejército, Nilo Floody Buxton, y el comandante de la Base Naval, Antonio Costa Bobadilla, para actividades represivas en la Octava Región, Garay se dedicó un año a detener gente y aplicarle tormentos. Hay una persona que lo recuerda.

“ÉL FUE MI TORTURADOR”

El siquiatra Luis Enrique Peebles Skarnic tiene un año menos que Garay. Fue una de las personas que sufrió su mano en la picana eléctrica. Cuando habla, la voz de Peebles se hace leve como los murmullos de un niño. O los de un cura confesor. Sentado detrás de un pequeño escritorio en un box del área de salud mental del Hospital Barros Luco, su aspecto calmo no se condice con el infierno que se lo tragó en diciembre de 1974. Ese mes, el joven secretario general de lo que quedaba del MIR en Concepción fue detenido en el Paso Los Libertadores y trasladado a la Base Naval de Talcahuano.
A merced de Garay y el grupo de interrogadores del CIRE (compuesto por el jefe de Inteligencia Naval de la zona, Hugo González D’Arcangelis: los oficiales navales José Cáceres González y Víctor Donoso Barrera; el funcionario de Investigaciones Osvaldo Harnisch Salazar y el oficial de Carabineros Conrado Sesnic), Peebles se inició en los laberintos del horror. Éstos, más tarde, lo conducirían a Colonia Dignidad, Villa Grimaldi, Tres y Cuatro Álamos, las otras estaciones de su averno que terminó en julio de 1975, cuando fue expulsado del país y se exilió en Bélgica.
Peebles tiene clara la participación de Arturo Garay González en sus sesiones de tormento. “Él fue uno de mis torturadores directos”, dice. “Al principio no sabía quién era. Pero después de una hora escuchas las voces, te das cuenta de a quién pertenece la voz de mando. Y este tipo era el jefe de grupo de los cinco o seis que torturaban y salían a detener gente. No sólo lo oí, también lo vi”, dice Peebles, y prosigue su crudo relato: “Después de meterme electricidad por todos lados, de hacerme ‘el submarino’ en un tambor con agua asquerosa, de darme guaraca, terminaba la tortura”, dice y toma aire. “Ahí le preguntaba si esa noche pensaba hacer el amor con su mujer. Si le habían pagado bien. Si lo que hacía cumplía las expectativas que tenía cuando entró a la institución. Si después del trabajo tenía reunión de apoderados. O si acaso éste era el gobierno de las Fuerzas Armadas que esperaba”.
El 21 de febrero de 2006, Peebles volvió a ver a Garay. No lo reconoció hasta que empezó a hablar, dice el facultativo. Fue en las propias dependencias de la Base Naval de Talcahuano, en la reconstitución del asesinato y desaparición del mirista y ex GAP Rudy Cárcamo Ruiz, “El vietnamita”, ordenada por el juez Carlos Aldana. Junto a Peebles, otro ex prisionero, Jaime Oehninger, reconoció a Garay como uno de sus celadores, e identificó también a los procesados por la desaparición de Cárcamo: González, Cáceres, Donoso, Harnisch y Sesnic.
El siquiatra estuvo a escasos centímetros de distancia del torturador. Como en una broma macabra del destino, les tocó compartir el bus que la Armada destinó para el juez y las víctimas. Los ex compañeros de Garay en el CIRE no estuvieron dispuestos a recibir a un traidor en su vehículo: el detective estaba allí en calidad de testigo, ratificando el siguiente testimonio judicial donde relata lo que le pasó a “El vietnamita”:
“Fundamento mi presunción de que fueron el teniente Cáceres, Sesnic y el inspector Harnisch quienes participaron en el interrogatorio en que falleció Rudy Cárcamo, ya que la mayoría de los interrogatorios al interior de la base naval los practicaban ellos tres junto a mí. Como ese fin de semana yo estuve en Cañete, y ellos se quedaron, lo más probable es que hayan sido ellos los que interrogaron a Cárcamo. Al llegar ese lunes a la base naval, mis compañeros de interrogatorio me comunicaron que había un ‘fiambre’, por lo que había que deshacerse de él. En ese momento consulté de quién se trataba, y a regañadientes me respondieron que era ‘El vietnamita’”.
En la reconstitución salieron a la luz otros homicidios cometidos por la Armada en ese recinto. Entre ellos, el asesinato en febrero de 1975 de Elías Jana Santibáñez, alcalde socialista de Cañete en la época del golpe de Estado, relatado al juez por Peebles y confirmado por Garay.

“ÉL FUE MI INTERROGADOR”

En 1975, Garay volvió a Investigaciones. Pero su pasado le había dejado secuelas. Fue sancionado varias veces por faltas consideradas graves en la institución y se desmoronó de a poco hasta que pasó a retiro, en septiembre de 1986.
Quizá por esto, la historia que contó a los profesionales de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura no es la del carnicero que evocan los ex presos de la base naval. En la ficha que llenó para el Informe Valech dice que fue prisionero político. Que en la mañana del 11 de septiembre de 1973 fue apresado por su presunta militancia comunista y que estuvo detenido durante 20 días en la Isla Quiriquina. Así lo aseguró en una declaración judicial, al menos.
Su relato fue convincente y pudo acogerse a los beneficios que se otorgan a los “Valech”: una pensión mensual de 112.817 pesos, bonificación de 100 puntos en la postulación al subsidio habitacional, acceso a salud gratuita en el Programa de Reparación y Atención Integral en Salud (Prais) y una beca de estudios de educación superior, que él probablemente no usará debido a su edad. Como víctima acreditada, Garay postuló y accedió a un bono de 184 dólares otorgado por la Fundación Presidente Allende, de España, proveniente del fondo de 9 millones de dólares que ésta obtuvo del Banco Riggs de Washington, como indemnización por haber escondido los dineros negros del ex dictador.
Pero dos detectives de la Prefectura de Investigaciones de Concepción cuentan una historia distinta a la de Garay. Dicen que él nunca estuvo detenido en isla Quiriquina. Y lo saben porque ellos estuvieron allí. En la mañana del Golpe, funcionarios de Carabineros llegaron muy temprano y se tomaron la prefectura, con un saldo de dos muertos. A medida que los detectives iban llegando a su trabajo, los carabineros salían de su escondite y los reducían. Detuvieron a 100 policías y los trasladaron a la base naval; luego, algunos fueron enviados a la isla. “En la época, Garay no estaba en la prefectura”, dice Renato Czischke, uno de los efectivos. “Tampoco lo vi en los 18 días que estuve preso en la Quiriquina. Yo fui de los últimos en abandonar la isla. Si hubiese estado me acordaría”, agrega.
El relato de Roberto Arriagada Venegas es similar. Pese a que alcanzó a estar tres días en la isla antes de ser liberado y devuelto a sus funciones en Investigaciones, nunca vio a Garay en el lugar.
La alarma sobre este caso la dio Erick Zott, otro ex prisionero del campamento de Talcahuano. Radicado en Austria, Zott vino a Chile el año pasado para prestar declaración en el caso de Rudy Cárcamo. Cuando se enteró que Garay aparecía como víctima en el Informe Valech se escandalizó. “Por el rol que él cumplía en los interrogatorios no era un cualquiera. Era de los que llevaba la investigación sobre el MIR en la zona de Concepción”, dice Zott, quien conoció a Garay en el campo de prisioneros donde estuvo detenido a fines de 1975. “En la base naval debo haber estado tres a cuatro semanas. Pero como yo llevaba un año detenido, el proceso no era el característico de cuando te detenían. Obviamente había presión. No hablo de torturas, pero él fue uno de mis interrogadores”, cuenta Zott. “Si se coló en el Informe Valech un agente de los organismos represivos, ¿por qué no podría haber otros más?”, se pregunta.
Imposible saberlo, explica la ex vicepresidenta de la comisión, María Luisa Sepúlveda. Cuando se presentó el informe, el Gobierno decretó que los antecedentes de las víctimas acreditadas en él son secretos y sólo podrán conocerse en 50 años más. Es más, la propia Sepúlveda desconoce qué documentos presentó Garay al Informe Valech. //

1. INFORME VALECH

• Período que abarca: 11 de septiembre de 1973 a 10 de marzo de 1990.
• Objetivo: Determinar quiénes sufrieron privación de libertad y tortura por razones políticas en centros de detención.
• Víctimas reconocidas: 27.255 personas (sin considerar el tiempo que duró su privación de libertad).

2. MARÍA LUISA SEPÚLVEDA:
“NO DESCARTO QUE SE NOS PUEDA HABER PASADO UN CASO”

La ex vicepresidenta de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura descarta que el caso de Arturo Garay González ponga en tela de juicio los mecanismos de calificación usados por la comisión presidida por monseñor Sergio Valech y establecida por mandato presidencial en agosto de 2003. “No necesariamente abre una duda porque estás suponiendo que la persona no certificó su detención”, explica, y asegura que “los casos de los miembros de las Fuerzas Armadas fueron especialmente evaluados”.
Sepúlveda detalla que se usaron muchas fuentes de información para validar los casos que se presentaron ante la comisión: testimonios, entrevistas, certificados de detención y comunicados oficiales, salvoconductos, tarjetas de control, listados de detenidos, archivos y procesos judiciales, publicaciones de prensa y registros de organismos de derechos humanos, de víctimas y organismos internacionales. De todas formas, está abierta a la posibilidad de que el trabajo haya tenido un margen de error. “El Informe Valech da cuenta de algo que le ocurrió a un sinnúmero de personas de la manera más rigurosa posible, pero no es infalible. Tomamos precauciones e hicimos todos los esfuerzos por no calificar casos de personas en los que hubiese sospechas”.
–¿Pudo pasárseles un caso?
–Yo no descarto que se nos pueda haber pasado un caso y puede que se nos quedaran fuera otros que sí debieron estar y no quedaron.
–¿Cuál fue el medio de verificación en el caso de este detective?
–No sé en ese caso cuál fue el medio de verificación. No tengo acceso a las carpetas para responderte, porque todas las carpetas de los casos quedaron a resguardo del Ministerio del Interior y son secretas. Pero si la persona estuvo detenida y pudo demostrarlo, cabe en el Informe Valech. Él pudo ser víctima y después victimario, y calificaba en el informe.

3. SERGIO ONOFRE JARPA, EL EXONERADO POLÍTICO

“Verdadero escándalo”. “Ética y moralmente inaceptable”. En julio de 2000, los diputados socialistas Isabel Allende y Jaime Naranjo no podían creer cuando supieron que el ex ministro del Interior de Pinochet Sergio Onofre Jarpa y otros conspicuos personeros del régimen militar, entre ellos Hermógenes Pérez de Arce y Juan de Dios Carmona, se habían acogido a los beneficios de la Ley 19.234 de Exonerados Políticos. En 1993, ésta instituyó beneficios previsionales para “personas exoneradas por motivos políticos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, de las empresas públicas, semifiscales, autónomas del Estado y privadas”. Cinco años después, en 1998, los legisladores extendieron el beneficio a los funcionarios del Congreso, del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas, buscando compensar económicamente a un amplio grupo que había sufrido los rigores del Gobierno militar. La medida tuvo un efecto inesperado. Miembros de la dictadura que fueron parlamentarios antes del golpe de Estado (como Jarpa, Pérez y Carmona) y personal de la DINA y la CNI, calificaron como exonerados políticos. “Atenta contra el espíritu de la ley”, dijo la hija de Allende, aunque reconoció que era legal.