Vendo diario, vendo diario

Ayer por la tarde la Cámara de Diputados llegó a un proyecto de acuerdo sobre el diario La Nación, en el que "solicita al Gobierno medidas administrativas y legales que garanticen el pluralismo en dicho medio de comunicación". Entre las medidas planteadas se pide incluir a La Nación y sus filiales entre las obligadas en el Oficio 008, de la Presidencia, que establece normas sobre transparencia.
Suponiendo con cierta ingenuidad y una alta dosis de buena fe que las intenciones de los "honorables" van por el lado de asegurar el pluralismo y el libre ejercicio del periodismo, el proyecto de acuerdo puede ser un gran avance para asegurar la autonomía del diario La Nación respecto a su controlador: el Estado.
No obstante, cuando los diputados piden que se incluya a La Nación y sus filiales bajo las reglas establecidas por el Instructivo Presidencial 008 demuestran un desconocimiento de materias legales que no se condice con el presupuesto mensual que se les otorga para asesoría jurídica. ¿Por qué? El Instructivo 008, del 4 de diciembre de 2006 y que entró en vigencia a fines de enero de 2007, exige que los organismos de la administración pública publiquen en sus sitios web a más tardar el 31 de marzo de 2007 "las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, el personal de planta, a contrata y a honorarios, las transferencias de fondos que realicen a personas jurídicas, la normativa vigente y los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros". Pero no incluye dentro de los organismos supeditados a la ordenanza a empresas del Estado que se rigen por cuerpos legales independientes, como ocurre en el caso de La Nación S.A.
Sin embargo, llegado el caso, la empresa sí podría caber dentro del proyecto de ley sobre Acceso a Información Pública que irá a comisión mixta en el Congreso. De aprobarse el cuerpo legal, significaría que la ciudadanía tendrá garantizado el acceso a información sobre el manejo económico de La Nación S.A.. Algo muy positivo aunque de rebote traería -si no me equivoco- una consecuencia muy surrealista: que los periodistas del periódico se conviertan en funcionarios públicos. O sea tendrían grado en la escala funcionaria estatal, sus sueldos y funciones se publicarían en la web y, probablemente, para ser despedidos tendría que aplicarseles sumario. Vaya comedia.
El otro punto del proyecto de acuerdo de los "honorables", el más relevante, sin duda, es su propuesta de derogar el monopolio legal del Diario Oficial, estableciendo su licitación periódica. Un hecho largamente esperado por El Mercurio SAP y Copesa que están que cortan las huinchas por hacerse con el codiciado diario.