Estado chileno indemnizará a Alejandra Matus por el Libro Negro de la Justicia Chilena

El Consejo de Defensa del Estado de Chile acordó reparar a la periodista Alejandra Matus, autora del Libro Negro de la Justicia Chilena, por la violación a sus derechos a la libertad de expresión y a la propiedad, cometida cuando se censuró y prohibió la distribución y venta de su libro.

De acuerdo al comunicado enviado por la profesional, el CDE aceptó en su sesión ordinaria del 9 de septiembre pasado la "proposición de transacción" presentada por el abogado de la periodista, Adil Brkovic, "en el marco de un juicio civil iniciado por la profesional para conseguir el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en torno a este caso. El acuerdo fijó el monto indemnizatorio en 30 millones de pesos".

En su informe final sobre el caso, "la CIDH determinó que el Estado de Chile violó los derechos humanos de la periodista al aplicar en su contra el artículo 6 b) de la Ley de Seguridad del Estado. `La Comisión Interamericana concluye que Alejandra Matus Acuña fue víctima de censura por el 'Libro Negro de la Justicia Chilena`, y que sus libros fueron incautados por orden judicial y estuvieron fuera de circulación por más de dos años. Asimismo, la señora Matus Acuña fue sometida a un proceso judicial que la obligó a salir de su país para evitar ser privada de su libertad. Finalmente, la Comisión establece que se privó a la sociedad chilena del derecho al acceso a la información", sostuvo en parte de sus conclusiones el informe 90/05".

Por ello, la CIDH recomendó: "Reparar adecuadamente a Alejandra Marcela Matus Acuña por las consecuencias de las violaciones a los derechos de libertad de expresión y de propiedad".

Cabe recordar que con la decisión del CDE se pone fin a la demanda que interpuso la profesional en contra del Estado de Chile, en 1999, y que tuvo entre otras consecuencias que el Gobierno de Chile derogara los artículos 6 b) y 16 de la Ley de Seguridad del Estado, por ser atentatorios contra la libertad de expresión e incompatibles con un régimen democrático de Gobierno.

Para los que no recuerden el caso, el Libro Negro de la Justicia Chilena fue publicado el 13 de abril de 1999 y a la mañana siguiente fue incautado por orden del ministro de fuero Rafael Huerta, en el marco de un requerimiento interpuesto por el ex Presidente de la Corte Suprema, Servando Jordan, por Ley de Seguridad del Estado. Debido a ello La periodista abandonó abruptamente el país y solicitó asilo político en Estados Unidos, que le fue concedido. En Chile, el magistrado Huerta procesó y detuvo al gerente general de Editorial Planeta, Bartolo Ortiz, y al editor, Carlos Orellana. La posterior derogación del artículo 6 b), por iniciativa del Presidente Ricardo Lagos, puso fin a ese proceso.

Así, si mal no recuerdo, sólo quedaría un libro prohibido en nuestro país: "Impunidad Diplomática", de Francisco Martorell. Cuestión de por sí impresentable.