Artículo / Publicos que pasan al mundo privado

Los que transitan del mundo público al empresarial... y viceversa
LA ÚLTIMA TENTACIÓN

Algunos llegaron al Estado para regular un sector y ahora trabajan para sus ex regulados. Otros pasaron del Ejecutivo a las empresas estatales y de allí saltaron a empresas propias o a las de otros. Y también están los que entran al Gobierno directamente del sector privado. En plena polémica en la DC por el ingreso de Ximena Rincón a Provida y de la discusión de la ley de lobby en el Senado, presentamos el “quién es quién” de los que circulan por la “puerta giratoria”.

Por Miguel Paz / La Nación Domingo (30 de abril de 2006)

Ardió Troya la pasada semana. Al ingreso de Jaime Estévez al directorio de Endesa; de Ricardo Solari a la empresa operadora del Transantiago, Alsacia; de Jorge Rodríguez Grossi a la junta directiva de Chiletabacos, se agregó la incorporación de la ex superintendenta de Seguridad Social, Ximena Rincón, y del ex senador José Antonio Viera-Gallo al directorio de BBVA-Provida, la AFP más grande de Chile, la misma que hace unas semanas propuso elevar la edad de jubilación de las mujeres a 65 años (a instancias de Joaquín Vial, ex director de Presupuestos de Frei, hoy jefe del departamento de estudios de Provida).

Fue la gota que rebasó el vaso en los partidos de la Concertación. En medio de elecciones internas en el PS, el PPD y la DC (los democratacristianos eligen hoy precisamente a su nueva directiva), la cosa pasó a mayores y la primera víctima del fuego cruzado fue Rincón, militante de la falange, fuertemente criticada por su correligionaria Alejandra Sepúlveda. “No es adecuado ni bueno que gente que estuvo en cargos importantes en el Gobierno se pase a la vereda de enfrente; de defender los intereses de la gente, a los de los accionistas. Menos aún con el grado de información y vínculos que posee”, dijo la diputada, apuntando a la yugular de la abogada y ex intendenta de Santiago.

Por contagio, a la “opinología” política le bajó la preocupación por el eventual “tráfico de influencias” y “conflicto de interés” que podría significar la reconversión de altos funcionarios públicos en ejecutivos top del mundo privado. Algo no regulado al detalle, exceptuando la inhabilidad de seis meses que un funcionario público debe respetar antes de dar el salto a una empresa del sector que atendía. De ahí se destapó la caja de Pandora: el ir y venir de ex ministros, subsecretarios, superintendentes y gerentes de empresas públicas al club de los privados y viceversa.

A raíz del renovado interés de la opinión pública, hurgamos en los archivos de la cosa pública y desempolvamos currículos viejos y otros no tanto. Así, como dijo Jack el destripador, vamos por partes.

DE UN RINCÓN A OTRO

La ex intendenta y ex superintendenta de Seguridad Social, Ximena Rincón, aspiró a varios cargos en el nuevo Gobierno. Ahora pertenece al directorio de la AFP Provida.

Cuando el gabinete en pleno juró el 11 de marzo y el nombre de Ximena Rincón no sonó en ninguna subsecretaría ni superintendencia, la abogada confirmó su exclusión de los poderes del Estado. Por eso giró su vista al mundo privado y señaló el 26 de marzo: “Estoy en el mercado”. El anuncio iba dirigido a todos los interesados en contar con su experiencia en el sector público, como vicepresidenta ejecutiva de Prodemu, en el Gobierno de Frei, y como superintendenta de Seguridad Social, en el primer período de Lagos. El aviso de utilidad pública surtió efecto con la invitación de Provida.

Lo anecdótico de la entrevista concedida a “La Tercera”, donde Rincón “pasó el aviso”, es el lugar donde recibió al matutino: la oficina, ubicada en el cuarto piso de un vetusto edificio de calle Namur 51, frente al incendiado centro de convenciones Diego Portales, que pertenece a ITS Chile Sistemas Inteligentes y es un buen ejemplo de la relación entre lo público y lo privado. Allí se refugió el marido de Rincón, el diputado DC Juan Carlos Latorre, tras dejar el cargo de subsecretario de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones. ITS Chile es una corporación que realiza consultorías y se dedica a proveer sistemas de control de semáforos y tecnología de control de vehículos inteligentes. Entre sus socios –clientes que pagan por pertenecer al consorcio– están la Unidad Operativa de Control de Tránsito de Santiago (Sectra), Metro de Santiago, Vialidad y las concesionarias Autopista Central y Autopista Vespucio Sur.

En su currículo de la Cámara de Diputados, Latorre detalla que asumió la presidencia de la corporación ITS Chile el año 2001 y que “desde allí ha incentivado la alianza público-privada para el desarrollo y aplicación de tecnologías avanzadas de información, comunicación y control para mejorar la movilidad de personas, medios y mercancías en las infraestructuras varias existentes”.En la misma oficina de Namur, a mediados del año pasado, se hacían, además, intensas reuniones de coordinación y preproducción de la Love Parade de Santiago, la versión chilena del carnaval callejero de música electrónica creado en Berlín, producida -entre otros- por los dos hijos de Latorre. Ahí se discutieron los detalles del evento que congregó a más de 120 mil personas el pasado mes de enero.

PUERTA GIRATORIA

Después de no haber sido considerado en el gabinete, Ricardo Solari rechazó la jefatura del BancoEstado, por considerarla –aseguraron en el PS– un premio de consuelo. No opinaron lo mismo otros rostros del Gobierno de Lagos. El ex ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, el otrora director de Fonasa Álvaro Erazo y el ex titular de Interior y presidente de TVN, Francisco Vidal, así como el ex senador de la X Región Sergio Páez, se sumaron al directorio del banco estatal. Asimismo, esta semana se confirmó la llegada a Inversiones Aguas Metropolitana (la matriz de Aguas Andinas) de Jaime Ravinet, ex secretario de Estado de Vivienda y también de Defensa.

Solari prefirió aceptar la invitación de la colombiana Alsacia para formar parte de su directorio. La decisión de la principal operadora del Transantiago buscó, según los otros concesionarios, reforzar su posición ante el Gobierno, después de la dura misiva enviada a Jaime Estévez, entonces ministro de Obras Públicas, acusándolo de dejar al Transantiago en “una profunda crisis”.

El caso de Estévez es emblemático. Sucumbió primero a las voces de sirena de los privados y luego a las del sector público. Ahora vuelve al mundo empresarial: al directorio de Endesa. La hidroeléctrica es famosa por sus continuos conflictos con otros sectores productivos, como los salmoneros de Aysén y los mapuches del alto Biobío.

Estévez fue diputado del PS. De ahí saltó a la mesa directiva de Provida (entonces de propiedad del grupo Saieh). Prosiguió su carrera a la cabeza del BancoEstado. Mientras estuvo en la entidad financiera, fue duramente criticado por miembros de su partido y otros personeros de la Concertación que no miraron con buenos ojos que la entidad –nacida para apoyar a las microempresas y fomentar el ahorro de los ciudadanos de menores recursos– le prestara 130 millones de dólares al grupo Luksic para adquirir el control del Banco de Chile.

Otro habitué de la puerta giratoria es Jorge Rodríguez Grossi. Junto con asumir la dirección de la Escuela de Economía de la Universidad Alberto Hurtado y realizar proyectos para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), fue fichado el lunes pasado por Chiletabacos. Se integró así al poderoso directorio de “fácticos”, compuesto por Carlos Cáceres, Roberto Guerrero del Río y Carlos Hurtado Ruiz-Tagle.

Cuando Rodríguez Grossi asumió como ministro de Economía el 2001, fue blanco de las críticas de los sectores ambientalistas y del entonces diputado Guido Girardi por su “background” como gerente de Guacolda. Veían en el ingeniero comercial a alguien demasiado vinculado con los intereses de la eléctrica, ya que durante la crisis energética había defendido el uso del petcoke. Por eso Girardi dijo que nombrar a Rodríguez en Economía era como “poner al gato a cuidar la carnicería”.

Hoy, alejado del molesto cacareo de los verdes, el ex ministro participará de las reuniones de directorio en el edificio de El Bosque donde Chiletabacos tiene su cuartel general. En las juntas deberá enfrentar el giro de la tabacalera después del endurecimiento de la Ley del Tabaco, en marzo pasado.

Otro ex ministro y ex director de Chiletabacos es el ingeniero civil cercano a la DC Alberto Etchegaray Aubry. Calificado como un “hombre transversal”, dirigió la cartera de Vivienda y Urbanismo en el Gobierno de Aylwin y presidió la Fundación para la Superación de la Pobreza. Debido a su cercanía con la Iglesia Católica, fue artífice de la visita del Papa Juan Pablo II a Chile y una pieza clave en la canonización del Padre Hurtado. Gracias a su personalidad afable, su llegada a diversos sectores y su perfil técnico-político, fue vicepresidente de Esval y del Banco del Desarrollo.

Luego, el grupo Angelini lo fichó para el directorio de Forestal Arauco, para más tarde promoverlo a la presidencia de Celulosa Arauco el 4 de enero del año pasado, en plena crisis de la planta en Valdivia. Al asumir el cargo se le abrió un flanco insospechado: su vínculo con Paulina Saball, directora de la Conama, su antigua jefa de gabinete en el Minvu.

Durante la batalla ambiental, sumado el conflicto de la planta Nueva Aldea en el río Itata, el grupo Angelini contó con la asesoría en imagen y manejo de comunicación de crisis de la empresa de Eugenio Tironi.

De este sociólogo y ex director de Comunicación y Cultura del Gobierno de Aylwin y su relación con las esferas privada y pública, se podrían escribir tratados. A diferencia de Enrique Correa, lobbysta confeso, Tironi lo niega públicamente. Asegura no tener “nada que ocultar”.

La lista de sus clientes es larga. Su veta política se ha traducido en asesorías al ex Presidente Lagos, a empresas como Corfo y BancoEstado. En el ámbito privado, sólo por nombrar algunos dispuestos a pagar el “fee” de Tironi se encuentran, además de Celco, la papelera multinacional Carter Holt Harvey, Gas Andes, y Endesa, donde ahora podrá toparse con su ex correligionario del Mapu Jaime Estévez.

REGULADOR REGULADO

Al consultar por nombres emblemáticos de la transición de la función pública a la privada, hay uno que se repite. El de Julio Bustamante Jeraldo. Fue superintendente de AFP por casi diez años, período en que ejerció también como presidente de la Comisión Clasificadora de Riesgo. Hoy es socio de ICR Clasificadora de Riesgos, una consultora presidida por el ex superintendente de Valores y Seguros Álvaro Clarke, quien registra además cinco años de experiencia como asesor de Hacienda en materias de privatizaciones, mercado de capitales, pensiones y seguros. Entre ambos tienen currículo de sobra para asesorar fondos de pensiones.

El año 2000, Bustamante se retiró de la Superintendencia de AFP. A poco andar se incorporó como socio minoritario del holding Inverlink de Eduardo Monasterio, junto a Álvaro García, recién retirado de la Secretaría General de la Presidencia.

De regulador de los fondos de pensiones, Bustamante pasó a ser director de la AFP Magíster y miembro de los directorios de la Isapre Vidaplena y de Clínica Las Lilas. El ex ministro de Economía de Frei, por su parte, se convirtió en presidente de Le Mans Seguros de Vida. Ambos en representación de Inverlink.

Siendo aún parte del gabinete de Lagos, el padre de García fue uno de los protagonistas del escándalo por las indemnizaciones a ejecutivos de empresa públicas. Álvaro García (padre) recibió casi 172 millones de pesos por cinco años en la gerencia general de ENAP. Él, junto a otros, como el ex subsecretario del Trabajo de la administración Aylwin, Eduardo Loyola Osorio, se negaron a devolver las platas, por considerar que el pago había sido justo. Loyola, abogado socialista forjado a fines de los ’60 en la Universidad de Concepción, pasó de defender a los sindicatos de trabajadores del cobre durante la dictadura a subsecretario. De ahí emigró a la jefatura de recursos humanos de Codelco, para terminar en la gerencia general del Consejo Minero, desde donde defendió a la agrupación empresarial del pago del royalty.

LA LEY

En todos los casos mencionados no se han detectado irregularidades. Pero la reiteración de nombres causa preocupación en la opinión pública. Por ello, la aprobación del proyecto de la ley del lobby, que esta semana se vuelve a discutir en el Senado, vendría a subsanar al menos esta parte del negocio, definido como “la actividad, remunerada o no, que tiene por objeto promover, defender o representar cualquier interés individual, sectorial o institucional ante los responsables de la administración del Estado y el Congreso Nacional”. Si bien el proyecto busca regular y transparentar el sector, creando un registro público y nacional de lobbystas y dictamina sanciones en dinero o suspensión y eliminación del registro, no contempla el espinudo tema de los “conflictos de interés” y el “tráfico de influencias”.

De aprobarse, la ley pondría reglas de juego claras y transparentaría una práctica que aún permanece en una zona gris, obviada por empresas que se definen así mismas como de “comunicación estratégica”. Entre las más notorias están Extend, de las hijas de Belisario Velasco; Tironi y Asociados; Hill & Knowlton Captiva, dirigida por la ex generalísima de de Joaquín Lavín, María Cristina Bitar; Centro Editor Dos, de la periodista Gloria Stanley, y transnacionales como Burson Marsteller.

La ley también sacaría a la pizarra a prestigiosos bufetes de abogados, como Allamand & Schaulsohn, y a un grupo importante de juristas y profesionales de otros sectores que ejercen el lobby bajo condiciones de anonimato relativo.

En la discusión en el Congreso, casos como el de Jack Abramoff, un conspicuo lobbysta del Congreso de Estados Unidos involucrado en un escándalo criminal de cuello blanco, han sido una luz de alerta para las indicaciones que incluirá el Senado al proyecto.

El tema candente de la semana pasada, con la incorporación de Viera-Gallo y Rincón a Provida y el anuncio de otros ex funcionarios públicos, como Javier Etcheverry y Carlo Mladinic, de pasar al sector privado, volvió a poner en el tapete el debate sobre cuán largo debe ser el período de inhabilidad de quienes saltan del ámbito público al empresarial.

La legislación vigente no prohíbe que altos cargos públicos se “reconviertan” en ejecutivos de empresas. Sólo contempla seis meses de “congelamiento”. En España o Estados Unidos, la incompatibilidad para asumir un cargo privado en la misma área va de dos a cuatro años.

Por eso, las indicaciones al proyecto de ley del lobby se están centrando en aumentar el tiempo de inhabilidad a dos años. Pero sólo para el caso de los lobbystas. Un senador reconoce que “ha sido el tema más conflictivo” de resolver.

No obstante, la tipificación del tráfico de influencias y del conflicto de intereses como delitos no está contemplada en esta ley, sino que se encuentra como moción en la Cámara de Diputados.

“No hay agua en la piscina para eso”, dice Jorge Burgos, uno de los promotores de la ley de lobby desde la cámara baja, junto al socialista Juan Bustos. “Si quieres establecer prohibiciones muy categóricas, como que los altos cargos del Estado no puedan realizar por dos años actividades privadas relacionadas con el sector en el que trabajaron en el Gobierno, tienes que buscar una alternativa para que la gente tenga pega. De lo contrario, ningún profesional de calidad estará interesado en trabajar para el Estado. ¿Para qué? Si después se queda sin trabajo”.

Puede ser, dirá usted. Pero hay otros, como Ricardo Lagos, que no ven el servicio público como una plataforma laboral. El ex Presidente, en su momento dijo: “Aquí se viene a servir, no a servirse”. ¿Rincón, Solari, Estévez, Rodríguez, Bustamante y tantos otros que no cupieron en estas páginas pensarán lo mismo? No lo sabemos aún. Pero sí lo que opina Viera-Gallo. Léalo en las páginas siguientes.