El 18 de marzo anunciamos en LND que a más tardar el 1 de abril la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, presidida por Carlos Olivares (DC), daría a conocer la nómina de parlamentarios que tiene a familiares bajo contrato. La medida nació de un acuerdo de los diputados para transparentar su lista de asesores y adecuarse a la ley 20.088, aprobada por ellos mismos en diciembre de 2005. Dicha ley no prohíbe a los congresistas contratar un familiar pero sí especifica que estas contrataciones deben ser autorizadas por la Comisión de Ética.
Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Leal (PPD) nos dijo que “hoy día, en la Cámara no hay nada secreto, no hay nada reservado”. A su vez, Olivares nos aseguró que "los resultados deberían ser públicos a fines de este mes (marzo)”. Y recalcó que “lo importante es la transparencia”.
Sin embargo, ayer en una nota breve, El Mercurio informó que la Comisión de Ética "analizó y aprobó una docena de casos, pero mantuvo reserva sobre los diputados que hicieron presentaciones".
O sea, una vez más los parlamentarios se arreglaron entre ellos. Haciendo gala de una malentendida defensa corporativa prefirieron amparar el secretismo y negar información de acceso público. ¿Si se protegen como gato de espaldas ante algo que es mal visto pero no ilegal, a qué otras cosas le echarán tierra nuestros honorables? Queda la duda y el descrédito para aquellos llamados a fiscalizar pero no quieren ser fiscalizados. Mal por ellos. Mal por Olivares. Mal por Patricio Walker, el nuevo presidente de la Cámara, quien debiese ser el primero en rechazar amparar este tipo de actitudes oscurantistas.
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