En una columna publicada el viernes en Qué Pasa, el académico de la UDP Arturo Arriagada y el abogado Juan Pablo Olmedo, hablan del acceso a información pública, ese bienaventurado concepto que tiene por fin exigirle al Estado y los funcionarios de sus poderes que den cuenta de sus actos. En los países anglosajones a eso se le llama "accountability". Pero por más de un motivo la traducción literal del concepto al castellano no existe.
En Chile, por ejemplo, si uno va y le pregunta a la mayoría de los parlamentarios locales verá que conocen el término pero no les gusta. Mejor dicho, no les gusta cuando se trata de ellos y de que la ciudadanía tenga herramientas para fiscalizar sus labores.
Arturo toca el punto en su lista de correo y recuerda cómo la semana en el Senado no se aprobó un proyecto de ley que establecía la obligación de los parlamentarios de rendir cuenta pública anual de su gestión. "Mientras los honorables se preocupan de dar $1.000 al Transantiago porque es poco eficiente el sistema, olvidan hacer públicas sus acciones y mecanismos de rendiciones de cuentas. ¿Alguien sabe qué hace un senador por su región? ¿A cuántas reuniones asiste? ¿Cuántos recursos gasta en el ejercicio de su trabajo? Sólo algunos de ellos sube esta información a su sitios web personales", escribe.
En marzo ya se comentaba en La Nación Domingo y aquí la irritante tendencia de nuestros congresistas a mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. El 18 de ese mes el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, el DC Carlos Olivares, anunció que daría a conocer la nómina de parlamentarios que tienen a familiares bajo contrato a más tardar el 1 de abril. La medida había nacido de un acuerdo de los diputados para transparentar su lista de asesores y adecuarse a la ley 20.088, aprobada por ellos mismos en diciembre de 2005. Dicha ley no prohíbe a los congresistas contratar un familiar pero sí especifica que estas contrataciones deben ser autorizadas por la Comisión de Ética. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Leal (PPD) dijo que "hoy día, en la Cámara no hay nada secreto, no hay nada reservado". A su vez, Olivares aseguró que "los resultados deberían ser públicos a fines de este mes (marzo)". Y recalcó que "lo importante es la transparencia".
Sin embargo, el 9 de abril la Comisión de Ética "analizó y aprobó una docena de casos, pero mantuvo reserva sobre los diputados que hicieron presentaciones". Posteriormente, a dicha información publicada por El Mercurio se sumó el anuncio del nuevo presidente de la Cámara de Diputados Patricio Walker (DC). Este dijo el 14 de abril que recién a fines de abril los parlamentarios publicarían su listado de asesores en la página web de la Corporación, pero se apuró a declarar que la medida sería voluntaria. O sea todo quedó igual.
De vuelta a la columna, cabe recordar que la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP) está a punto de ser promulgada. Su objetivo es asegurar el derecho de acceso a información pública y romper con la diferencia de trato entre miembros de la corte y plebeyos (elite y perraje) para que todos los chilenos podamos tomar decisiones informadas.
Hace un tiempo Eduardo Engel contaba una experiencia muy ilustrativa de cuán relevante es poder acceder a información pública de calidad. Se trata de un experimento efectuado en escuelas de Estados Unidos. Un grupo de padres recibía los resultados de sus hijos en una prueba tipo Simce. A otro grupo le entregaban los resultados pero además le adjuntaban las cifras de todas las escuelas de su sector. Así, el segundo grupo podía comparar si la escuela de su hijo era buena y en caso negativo, tenía la información suficiente para cambiarlo a un mejor establecimiento. Como en este caso, cuando hay igualdad de trato a los ciudadanos frente al acceso de información del Estado, escriben Arriagada y Olmedo se rompe la "asimetría de información" y se termina con "el secretismo y la desconfianza ciudadana respecto a las acciones de las autoridades públicas".
*Disclosure: Quién escribe, realizó una investigación sobre Acceso a Información Pública en Chile para la Due Process of Law Foundation, a petición de la Fundación que preside Olmedo: ProAcceso. Será publicada pronto.
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lunes, 19 de noviembre de 2007
miércoles, 2 de mayo de 2007
lunes, 16 de abril de 2007
Suma y sigue: Diputados evitan dar a conocer lista de asesores
No es uno de los temas de mayor trascendencia en estos días pero la defensa corporativa de los legisladores sigue irritándome al sumar otro capítulo en su historia. Desde que hace unos años el senador Jaime Naranjo quiso hacerse el leso de haber contratado a su señora como asesora parlamentaria no había existido la misma voluntad de guardar bajo secreto el listado de personas que trabajan para diputados y senadores.
El tema surgió en marzo. El 18 de ese mes el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, el DC Carlos Olivares, anunció que daría a conocer la nómina de parlamentarios que tienen a familiares bajo contrato a más tardar el 1 de abril. La medida nació de un acuerdo de los diputados para transparentar su lista de asesores y adecuarse a la ley 20.088, aprobada por ellos mismos en diciembre de 2005. Dicha ley no prohíbe a los congresistas contratar un familiar pero sí especifica que estas contrataciones deben ser autorizadas por la Comisión de Ética. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Leal (PPD) dijo que "hoy día, en la Cámara no hay nada secreto, no hay nada reservado". A su vez, Olivares aseguró que "los resultados deberían ser públicos a fines de este mes (marzo)". Y recalcó que "lo importante es la transparencia".
El tema surgió en marzo. El 18 de ese mes el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, el DC Carlos Olivares, anunció que daría a conocer la nómina de parlamentarios que tienen a familiares bajo contrato a más tardar el 1 de abril. La medida nació de un acuerdo de los diputados para transparentar su lista de asesores y adecuarse a la ley 20.088, aprobada por ellos mismos en diciembre de 2005. Dicha ley no prohíbe a los congresistas contratar un familiar pero sí especifica que estas contrataciones deben ser autorizadas por la Comisión de Ética. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Leal (PPD) dijo que "hoy día, en la Cámara no hay nada secreto, no hay nada reservado". A su vez, Olivares aseguró que "los resultados deberían ser públicos a fines de este mes (marzo)". Y recalcó que "lo importante es la transparencia".
Sin embargo, el 9 de abril pasado, El Mercurio informó que la Comisión de Ética "analizó y aprobó una docena de casos, pero mantuvo reserva sobre los diputados que hicieron presentaciones". Y a dicha información se sumó el anuncio del nuevo presidente de la Cámara de Diputados Patricio Walker (DC). Este dijo el sábado pasado que recién a fines de abril los parlamentarios publicarían su listado de asesores en la página web de la Corporación, pero se apuró a declarar que la medida será voluntaria. O sea, quedamos en las mismas. ¿Sabrán los congresistas que su sueldo y el dinero para contratar asesorías sale del bolsillo de todos los chilenos?
José Pérez Arriagada.
El saliente vicepresidente de la Cámara es uno de los diputados que se disgustó con la disposición de publicar el listado de asesores parlamentarios, debido a contar con un familiar en su nómina.
El saliente vicepresidente de la Cámara es uno de los diputados que se disgustó con la disposición de publicar el listado de asesores parlamentarios, debido a contar con un familiar en su nómina.
martes, 10 de abril de 2007
Quién le cree señor diputado
El 18 de marzo anunciamos en LND que a más tardar el 1 de abril la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, presidida por Carlos Olivares (DC), daría a conocer la nómina de parlamentarios que tiene a familiares bajo contrato. La medida nació de un acuerdo de los diputados para transparentar su lista de asesores y adecuarse a la ley 20.088, aprobada por ellos mismos en diciembre de 2005. Dicha ley no prohíbe a los congresistas contratar un familiar pero sí especifica que estas contrataciones deben ser autorizadas por la Comisión de Ética.
Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Leal (PPD) nos dijo que “hoy día, en la Cámara no hay nada secreto, no hay nada reservado”. A su vez, Olivares nos aseguró que "los resultados deberían ser públicos a fines de este mes (marzo)”. Y recalcó que “lo importante es la transparencia”.
Sin embargo, ayer en una nota breve, El Mercurio informó que la Comisión de Ética "analizó y aprobó una docena de casos, pero mantuvo reserva sobre los diputados que hicieron presentaciones".
O sea, una vez más los parlamentarios se arreglaron entre ellos. Haciendo gala de una malentendida defensa corporativa prefirieron amparar el secretismo y negar información de acceso público. ¿Si se protegen como gato de espaldas ante algo que es mal visto pero no ilegal, a qué otras cosas le echarán tierra nuestros honorables? Queda la duda y el descrédito para aquellos llamados a fiscalizar pero no quieren ser fiscalizados. Mal por ellos. Mal por Olivares. Mal por Patricio Walker, el nuevo presidente de la Cámara, quien debiese ser el primero en rechazar amparar este tipo de actitudes oscurantistas.
Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Leal (PPD) nos dijo que “hoy día, en la Cámara no hay nada secreto, no hay nada reservado”. A su vez, Olivares nos aseguró que "los resultados deberían ser públicos a fines de este mes (marzo)”. Y recalcó que “lo importante es la transparencia”.
Sin embargo, ayer en una nota breve, El Mercurio informó que la Comisión de Ética "analizó y aprobó una docena de casos, pero mantuvo reserva sobre los diputados que hicieron presentaciones".
O sea, una vez más los parlamentarios se arreglaron entre ellos. Haciendo gala de una malentendida defensa corporativa prefirieron amparar el secretismo y negar información de acceso público. ¿Si se protegen como gato de espaldas ante algo que es mal visto pero no ilegal, a qué otras cosas le echarán tierra nuestros honorables? Queda la duda y el descrédito para aquellos llamados a fiscalizar pero no quieren ser fiscalizados. Mal por ellos. Mal por Olivares. Mal por Patricio Walker, el nuevo presidente de la Cámara, quien debiese ser el primero en rechazar amparar este tipo de actitudes oscurantistas.
domingo, 1 de abril de 2007
“Día D” en el Congreso
Se supone que, a más tardar mañana, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados hará público un informe detallando qué diputados tienen a parientes trabajando para ellos, por qué y desde cuándo. La realización de este informe se acordó luego de que algunos congresistas se dieron cuenta de que varios de sus pares tenían a familiares suyos en su nómina, incumpliendo así el artículo 13 de la Ley 20.088, que ellos mismos habían aprobado en diciembre de 2005. Hace dos semanas, LND pidió a las autoridades de la Cámara la lista de parlamentarios con parientes contratados, pero se nos negó aduciendo que la información se mantendría en reserva hasta que el presidente de la comisión, el DC Carlos Olivares, presentara el informe a sus pares en la sala de sesiones. La fecha límite para ello era el 30 de marzo. Lo curioso es que el secretario de la Comisión de Ética de la cámara baja, Miguel Landeros, anda de viaje y no vuelve hasta mañana. Además, los parlamentarios –incluido Olivares– están en semana distrital, así es que en el Congreso no vuela ni una mosca y parece difícil que el informe se haga público en la fecha prometida.
domingo, 18 de marzo de 2007
Ya no todo quedará en familia
Congresistas se autorregulan sobre contratos de asesoría de familiares
El próximo 1 de abril la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados dará a conocer la nómina de parlamentarios que ha informado tener a familiares bajo contrato. Se trata de una medida de transparencia para cumplir con la Ley 20.088, que ellos mismos aprobaron en diciembre de 2005. Aunque nos fue imposible obtener la lista, aquí algunos anticipos.
Por Felipe Saleh y Miguel Paz
La noche del miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, el PPD Antonio Leal, sostuvo una cena privada en Valparaíso con Miguel Landero. El motivo del encuentro fue conocer de boca de este último, secretario de la Comisión de Ética de la cámara baja, el avance de la investigación sobre parlamentarios que tienen parientes trabajando para ellos y cuyos nombres deberían conocerse el próximo 30 de marzo.
La legislación vigente no prohíbe a los congresistas contratar un familiar, pero sí especifica que estas contrataciones deben ser autorizadas por la Comisión de Ética.
Consciente de la mala evaluación ciudadana de los políticos, Leal se ha preocupado por transparentar el funcionamiento de la Cámara y profundizar el acceso a información relevante para la ciudadanía. Es por eso que el diputado PPD quería estar seguro de que a una semana de entregar la testera al diputado DC Patricio Walker, su “legado” no fuera empañado por posibles cuestionamientos a los parlamentarios.
En la cita con Landero también se abordó un escenario previsto en noviembre de 2006: “Que los medios de comunicación se lanzaran contra nosotros”, afirma un miembro de la Comisión de Ética. El temor era que la prensa se solazara con información “reservada” en la que aparecieran parientes contratados por los legisladores.
De ahí que a partir de esa fecha era necesario tomar las medidas del caso para hacer cumplir la Ley 20.088, que dice: “Ningún órgano de la administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado podrán suscribir contratos con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco”.
Es decir, los parlamentarios no pueden contratar familiares dentro de su equipo asesor. Salvo “cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario”. La ley se aprobó en diciembre de 2005 y está vigente desde mayo del año pasado. Por eso, desde esa fecha los diputados que trabajan con familiares debían comunicarlo a la Comisión de Ética, que evalúa los antecedentes y finalmente autoriza el vínculo. De lo contrario, estarían faltando a la ley que ellos mismos aprobaron.
SONRISA POR FUERA, MOLESTIA POR DENTRO
“Hoy día, en la Cámara no hay nada secreto, no hay nada reservado”, asegura Antonio Leal, y agrega que cuando en mayo cambió la ley, “inmediatamente nos pusimos en campaña con la mesa, y hablamos con el presidente de la Comisión de Ética, Carlos Olivares (DC), para que le pidiera a los diputados regularizar su situación, porque antes no había prohibición de contratar a parientes”.
Sin embargo, aparentemente el asunto durmió hasta noviembre. Los parlamentarios se tomaron seis meses para decidir “si reaccionaba la mesa o la Cámara en su conjunto”, sostiene Landero. En esa fecha, Leal empezó a contactar a los congresistas “para llegar a un acuerdo y transparentar definitivamente este tema”.
“Lo que se hizo fue pedir a los diputados que envíen a la comisión los antecedentes respecto de sus asesores. Los resultados deberían ser públicos a fines de este mes”, dice Carlos Olivares, quien recalca que “lo importante es la transparencia”.
Esta declaración de buenas intenciones coexiste con la molestia subterránea que el tema ha generado en la Cámara. Un diputado oficialista lo confiesa: “Claramente irrita la epidermis de algunos parlamentarios, sobre todo los viejos, a quienes no les interesa decir en qué usan su plata”.
Probablemente, la molestia de ciertos honorables aumentó con este reportaje que coincidió con la emisión por Canal 13 de una investigación, nacida de una información que dio a conocer este medio en diciembre pasado. En esa ocasión, LND informó que los 446 millones de pesos correspondientes a las dietas de los ex senadores designados fueron repartidos entre el resto de los miembros de la cámara alta para asesorías.
Sea como sea, esta vez no logramos obtener la información sobre los diputados que han solicitado regularizar la situación de sus asesores-parientes. El secretario de la Comisión de Ética, contradiciendo los argumentos "pro transaprencia" de Leal, negó el acceso a esta información, aduciendo a la existencia de “una disposición del reglamento interno que me impide entregar esos datos antes que a los diputados, y eso ocurrirá la próxima semana”.
¿RESPUESTA DEFINITIVA?
La única manera de saltar esta valla y medir la temperatura que genera el tema fue enviar un cuestionario a todos los parlamentarios (ver recuadro), donde las preguntas básicas eran si emplean o no a familiares para su labor parlamentaria y si, en el caso de hacerlo, enviaron a la Comisión de Ética la solicitud que exige la ley.
De los 120 diputados contestaron sólo 43, lo que equivale al 35%. De ellos, cinco aseguran tener familiares contratados con un sueldo, y sólo el diputado Eduardo Díaz del Río trabaja con dos parientes “adhonorem”. La situación del resto sólo será conocida la semana próxima.
En el Senado, en tanto, de los 38 senadores sólo respondieron 11, es decir el 29%. Ninguno afirma tener familiares en su planilla de asesores contratados. De todas formas, el barrido hecho por LND sirvió para encender la alarma y acelerar el cumplimiento de los plazos. Algunos diputados, como Ramón Farías y Eugenio Tuma, ambos PPD, afirmaron que la semana pasada recibieron una carta pidiendo aclarar su situación.
CUADRANDO LA CAJA
Aunque la ley que incluye esta disposición tan sensible fue aprobada por unanimidad (90 votos a favor y ninguno en contra), el asunto saca ronchas a muchos. Así lo comprobó el parlamentario socialista Marco Enríquez-Ominami, integrante de la Comisión de Ética. Este miembro de la llamada “bancada de los díscolos” solicitó en enero, durante la “hora de incidentes”, la creación de un registro público de asesores. Su propuesta, según testigos, levantó polvareda y provocó airadas reacciones de algunos de sus colegas, que lo acusaron de talibán.
Lo mismo le ocurrió a la ex diputada Lily Pérez en 2003, cuando se enfrascó en una disputa con Carmen Ibáñez por denunciar que ésta, “la Regalona”, al igual que otros parlamentarios, tenían a parientes contratados en calidad de asesores.
Fuentes del Congreso aseguran que la dilación de un acuerdo en este sentido, desde mayo a noviembre de 2006, sirvió para que algunos parlamentarios cortaran el vínculo laboral con sus familiares, de modo de no aparecer en el informe que la Comisión de Ética dará a conocer en las próximas semanas. Si bien el asunto no es ilegal, los congresistas temen que la opinión pública, sensible por los recientes casos de corrupción, malinterprete esta información.
Aparte del sueldo, todos los parlamentarios reciben una suma en torno a los 2,5 millones de pesos. Esta asignación está destinada a financiar la contratación de personal como secretarias, asesores y para la implementación de oficinas en cada comuna. Algunos, como la diputada del PPD María Antonieta Saa, aseguran que este dinero muchas veces no alcanza. “Yo tengo siete personas que me apoyan en el distrito y están con la gente. Con dos millones de pesos, más las cuentas de teléfono, a veces tengo que sacar de mi bolsillo”, dice.
Otro diputado de la Concertación es más enfático y no oculta su molestia al responder el cuestionario que le enviamos. “Lo que es realmente antiético es que algunos parlamentarios no tengan más que una secretaria en su distrito y otra en la Cámara, y que abulten esos honorarios al total establecido, quedándose con la diferencia de ese dinero”, dice.
LOS QUE DIJERON “SÍ TENGO”
Estos fueron los diputados que aseguraron tener parientes contratados como asesores:
Fidel Espinoza (PS)
“Trabajo con dos primos: Jorge Ávila Sandoval y Marcelo Espinoza. Ambos reciben salarios inferiores a 300 mil pesos. El primero de ellos ocupa el cargo de encargado de organizaciones sociales y administra un centro de eventos que construí para la gente en Llanquihue y que entrego gratuitamente a las organizaciones sociales para su uso. Allí se realizan paseos de curso, de adultos mayores, de organizaciones deportivas, etc.
El segundo es mi conductor. Conoce a cabalidad las 400 localidades de mi distrito y los caminos de las nueve comunas en que soy diputado. No he hecho ninguna solicitud, porque no corresponde y nunca en la bancada se nos informó de algo en ese sentido. La interpretación que existe de ese artículo no guarda relación alguna con la contratación de familiares en labores distritales”.
Pedro Araya (DC)
“Mi hermano Jaime trabaja conmigo desde el 11 de marzo de 2002, con contrato de trabajo: es mi jefe de gabinete. No hice la solicitud porque su contrato es anterior a la discusión y aprobación de esta ley. En todo caso, a raíz de esta pregunta, los próximos días materializaré la referida solicitud, aunque por la fecha de contratación no tengo obligación legal de realizarla”.
Maximiano Errázuriz (RN)
“Trabaja conmigo mi esposa, Mónica Jottar. Me asesora en los proyectos de la Comisión de Familia, a la que pertenezco. Ella es abogada. Su oficina se ha especializado en temas de familia y está considerada como una de las tres de mayor prestigio en el país. Por cierto, que presenté la solicitud y antes que venciera el plazo dado por la propia comisión”.
Carlos Abel Jarpa (PRSD)
“Carmen Luz Concha, mi cónyuge, mantiene una relación laboral conmigo desde hace muchos años. Realiza la función de asistente personal, labor que debido a mi limitación visual es indispensable para mi trabajo diario.
Daniela Bernucci [hija del alcalde de Chillán, Aldo Bernucci], mi nuera, trabaja conmigo con contrato indefinido desde el período parlamentario pasado, fecha en la cual no teníamos la relación familiar que existe hoy. Daniela se desempeña como coordinadora de actividades y responsable de mi oficina parlamentaria distrital, ubicada en la ciudad de Chillán. Ambas situaciones laborales están informadas oportunamente a la Comisión de Ética de nuestra corporación”.
Eduardo Díaz del Río (DC)
“En mi trabajo en la Comisión de Familia me asesora “ad honorem” preparando informes mi señora, Verónica Meinero, cientista política de la Universidad Católica argentina y máster en Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Por otra parte, y también sin remuneración, me ayuda mi padre, Eduardo Díaz Herrera, en todo el trabajo distrital. Él es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Ciencia Política de la UC y doctor suma cum laude de la Universidad de Salamanca, en España.
El próximo 1 de abril la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados dará a conocer la nómina de parlamentarios que ha informado tener a familiares bajo contrato. Se trata de una medida de transparencia para cumplir con la Ley 20.088, que ellos mismos aprobaron en diciembre de 2005. Aunque nos fue imposible obtener la lista, aquí algunos anticipos.
Por Felipe Saleh y Miguel Paz
La noche del miércoles, el presidente de la Cámara de Diputados, el PPD Antonio Leal, sostuvo una cena privada en Valparaíso con Miguel Landero. El motivo del encuentro fue conocer de boca de este último, secretario de la Comisión de Ética de la cámara baja, el avance de la investigación sobre parlamentarios que tienen parientes trabajando para ellos y cuyos nombres deberían conocerse el próximo 30 de marzo.
La legislación vigente no prohíbe a los congresistas contratar un familiar, pero sí especifica que estas contrataciones deben ser autorizadas por la Comisión de Ética.
Consciente de la mala evaluación ciudadana de los políticos, Leal se ha preocupado por transparentar el funcionamiento de la Cámara y profundizar el acceso a información relevante para la ciudadanía. Es por eso que el diputado PPD quería estar seguro de que a una semana de entregar la testera al diputado DC Patricio Walker, su “legado” no fuera empañado por posibles cuestionamientos a los parlamentarios.
En la cita con Landero también se abordó un escenario previsto en noviembre de 2006: “Que los medios de comunicación se lanzaran contra nosotros”, afirma un miembro de la Comisión de Ética. El temor era que la prensa se solazara con información “reservada” en la que aparecieran parientes contratados por los legisladores.
De ahí que a partir de esa fecha era necesario tomar las medidas del caso para hacer cumplir la Ley 20.088, que dice: “Ningún órgano de la administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado podrán suscribir contratos con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco”.
Es decir, los parlamentarios no pueden contratar familiares dentro de su equipo asesor. Salvo “cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario”. La ley se aprobó en diciembre de 2005 y está vigente desde mayo del año pasado. Por eso, desde esa fecha los diputados que trabajan con familiares debían comunicarlo a la Comisión de Ética, que evalúa los antecedentes y finalmente autoriza el vínculo. De lo contrario, estarían faltando a la ley que ellos mismos aprobaron.
SONRISA POR FUERA, MOLESTIA POR DENTRO
“Hoy día, en la Cámara no hay nada secreto, no hay nada reservado”, asegura Antonio Leal, y agrega que cuando en mayo cambió la ley, “inmediatamente nos pusimos en campaña con la mesa, y hablamos con el presidente de la Comisión de Ética, Carlos Olivares (DC), para que le pidiera a los diputados regularizar su situación, porque antes no había prohibición de contratar a parientes”.
Sin embargo, aparentemente el asunto durmió hasta noviembre. Los parlamentarios se tomaron seis meses para decidir “si reaccionaba la mesa o la Cámara en su conjunto”, sostiene Landero. En esa fecha, Leal empezó a contactar a los congresistas “para llegar a un acuerdo y transparentar definitivamente este tema”.
“Lo que se hizo fue pedir a los diputados que envíen a la comisión los antecedentes respecto de sus asesores. Los resultados deberían ser públicos a fines de este mes”, dice Carlos Olivares, quien recalca que “lo importante es la transparencia”.
Esta declaración de buenas intenciones coexiste con la molestia subterránea que el tema ha generado en la Cámara. Un diputado oficialista lo confiesa: “Claramente irrita la epidermis de algunos parlamentarios, sobre todo los viejos, a quienes no les interesa decir en qué usan su plata”.
Probablemente, la molestia de ciertos honorables aumentó con este reportaje que coincidió con la emisión por Canal 13 de una investigación, nacida de una información que dio a conocer este medio en diciembre pasado. En esa ocasión, LND informó que los 446 millones de pesos correspondientes a las dietas de los ex senadores designados fueron repartidos entre el resto de los miembros de la cámara alta para asesorías.
Sea como sea, esta vez no logramos obtener la información sobre los diputados que han solicitado regularizar la situación de sus asesores-parientes. El secretario de la Comisión de Ética, contradiciendo los argumentos "pro transaprencia" de Leal, negó el acceso a esta información, aduciendo a la existencia de “una disposición del reglamento interno que me impide entregar esos datos antes que a los diputados, y eso ocurrirá la próxima semana”.
¿RESPUESTA DEFINITIVA?
La única manera de saltar esta valla y medir la temperatura que genera el tema fue enviar un cuestionario a todos los parlamentarios (ver recuadro), donde las preguntas básicas eran si emplean o no a familiares para su labor parlamentaria y si, en el caso de hacerlo, enviaron a la Comisión de Ética la solicitud que exige la ley.
De los 120 diputados contestaron sólo 43, lo que equivale al 35%. De ellos, cinco aseguran tener familiares contratados con un sueldo, y sólo el diputado Eduardo Díaz del Río trabaja con dos parientes “adhonorem”. La situación del resto sólo será conocida la semana próxima.
En el Senado, en tanto, de los 38 senadores sólo respondieron 11, es decir el 29%. Ninguno afirma tener familiares en su planilla de asesores contratados. De todas formas, el barrido hecho por LND sirvió para encender la alarma y acelerar el cumplimiento de los plazos. Algunos diputados, como Ramón Farías y Eugenio Tuma, ambos PPD, afirmaron que la semana pasada recibieron una carta pidiendo aclarar su situación.
CUADRANDO LA CAJA
Aunque la ley que incluye esta disposición tan sensible fue aprobada por unanimidad (90 votos a favor y ninguno en contra), el asunto saca ronchas a muchos. Así lo comprobó el parlamentario socialista Marco Enríquez-Ominami, integrante de la Comisión de Ética. Este miembro de la llamada “bancada de los díscolos” solicitó en enero, durante la “hora de incidentes”, la creación de un registro público de asesores. Su propuesta, según testigos, levantó polvareda y provocó airadas reacciones de algunos de sus colegas, que lo acusaron de talibán.
Lo mismo le ocurrió a la ex diputada Lily Pérez en 2003, cuando se enfrascó en una disputa con Carmen Ibáñez por denunciar que ésta, “la Regalona”, al igual que otros parlamentarios, tenían a parientes contratados en calidad de asesores.
Fuentes del Congreso aseguran que la dilación de un acuerdo en este sentido, desde mayo a noviembre de 2006, sirvió para que algunos parlamentarios cortaran el vínculo laboral con sus familiares, de modo de no aparecer en el informe que la Comisión de Ética dará a conocer en las próximas semanas. Si bien el asunto no es ilegal, los congresistas temen que la opinión pública, sensible por los recientes casos de corrupción, malinterprete esta información.
Aparte del sueldo, todos los parlamentarios reciben una suma en torno a los 2,5 millones de pesos. Esta asignación está destinada a financiar la contratación de personal como secretarias, asesores y para la implementación de oficinas en cada comuna. Algunos, como la diputada del PPD María Antonieta Saa, aseguran que este dinero muchas veces no alcanza. “Yo tengo siete personas que me apoyan en el distrito y están con la gente. Con dos millones de pesos, más las cuentas de teléfono, a veces tengo que sacar de mi bolsillo”, dice.
Otro diputado de la Concertación es más enfático y no oculta su molestia al responder el cuestionario que le enviamos. “Lo que es realmente antiético es que algunos parlamentarios no tengan más que una secretaria en su distrito y otra en la Cámara, y que abulten esos honorarios al total establecido, quedándose con la diferencia de ese dinero”, dice.
LOS QUE DIJERON “SÍ TENGO”
Estos fueron los diputados que aseguraron tener parientes contratados como asesores:
Fidel Espinoza (PS)
“Trabajo con dos primos: Jorge Ávila Sandoval y Marcelo Espinoza. Ambos reciben salarios inferiores a 300 mil pesos. El primero de ellos ocupa el cargo de encargado de organizaciones sociales y administra un centro de eventos que construí para la gente en Llanquihue y que entrego gratuitamente a las organizaciones sociales para su uso. Allí se realizan paseos de curso, de adultos mayores, de organizaciones deportivas, etc.
El segundo es mi conductor. Conoce a cabalidad las 400 localidades de mi distrito y los caminos de las nueve comunas en que soy diputado. No he hecho ninguna solicitud, porque no corresponde y nunca en la bancada se nos informó de algo en ese sentido. La interpretación que existe de ese artículo no guarda relación alguna con la contratación de familiares en labores distritales”.
Pedro Araya (DC)
“Mi hermano Jaime trabaja conmigo desde el 11 de marzo de 2002, con contrato de trabajo: es mi jefe de gabinete. No hice la solicitud porque su contrato es anterior a la discusión y aprobación de esta ley. En todo caso, a raíz de esta pregunta, los próximos días materializaré la referida solicitud, aunque por la fecha de contratación no tengo obligación legal de realizarla”.
Maximiano Errázuriz (RN)
“Trabaja conmigo mi esposa, Mónica Jottar. Me asesora en los proyectos de la Comisión de Familia, a la que pertenezco. Ella es abogada. Su oficina se ha especializado en temas de familia y está considerada como una de las tres de mayor prestigio en el país. Por cierto, que presenté la solicitud y antes que venciera el plazo dado por la propia comisión”.
Carlos Abel Jarpa (PRSD)
“Carmen Luz Concha, mi cónyuge, mantiene una relación laboral conmigo desde hace muchos años. Realiza la función de asistente personal, labor que debido a mi limitación visual es indispensable para mi trabajo diario.
Daniela Bernucci [hija del alcalde de Chillán, Aldo Bernucci], mi nuera, trabaja conmigo con contrato indefinido desde el período parlamentario pasado, fecha en la cual no teníamos la relación familiar que existe hoy. Daniela se desempeña como coordinadora de actividades y responsable de mi oficina parlamentaria distrital, ubicada en la ciudad de Chillán. Ambas situaciones laborales están informadas oportunamente a la Comisión de Ética de nuestra corporación”.
Eduardo Díaz del Río (DC)
“En mi trabajo en la Comisión de Familia me asesora “ad honorem” preparando informes mi señora, Verónica Meinero, cientista política de la Universidad Católica argentina y máster en Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Por otra parte, y también sin remuneración, me ayuda mi padre, Eduardo Díaz Herrera, en todo el trabajo distrital. Él es abogado de la Universidad de Chile, magíster en Ciencia Política de la UC y doctor suma cum laude de la Universidad de Salamanca, en España.
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