En una columna publicada el viernes en Qué Pasa, el académico de la UDP Arturo Arriagada y el abogado Juan Pablo Olmedo, hablan del acceso a información pública, ese bienaventurado concepto que tiene por fin exigirle al Estado y los funcionarios de sus poderes que den cuenta de sus actos. En los países anglosajones a eso se le llama "accountability". Pero por más de un motivo la traducción literal del concepto al castellano no existe.
En Chile, por ejemplo, si uno va y le pregunta a la mayoría de los parlamentarios locales verá que conocen el término pero no les gusta. Mejor dicho, no les gusta cuando se trata de ellos y de que la ciudadanía tenga herramientas para fiscalizar sus labores.
Arturo toca el punto en su lista de correo y recuerda cómo la semana en el Senado no se aprobó un proyecto de ley que establecía la obligación de los parlamentarios de rendir cuenta pública anual de su gestión. "Mientras los honorables se preocupan de dar $1.000 al Transantiago porque es poco eficiente el sistema, olvidan hacer públicas sus acciones y mecanismos de rendiciones de cuentas. ¿Alguien sabe qué hace un senador por su región? ¿A cuántas reuniones asiste? ¿Cuántos recursos gasta en el ejercicio de su trabajo? Sólo algunos de ellos sube esta información a su sitios web personales", escribe.
En marzo ya se comentaba en La Nación Domingo y aquí la irritante tendencia de nuestros congresistas a mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. El 18 de ese mes el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, el DC Carlos Olivares, anunció que daría a conocer la nómina de parlamentarios que tienen a familiares bajo contrato a más tardar el 1 de abril. La medida había nacido de un acuerdo de los diputados para transparentar su lista de asesores y adecuarse a la ley 20.088, aprobada por ellos mismos en diciembre de 2005. Dicha ley no prohíbe a los congresistas contratar un familiar pero sí especifica que estas contrataciones deben ser autorizadas por la Comisión de Ética. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Leal (PPD) dijo que "hoy día, en la Cámara no hay nada secreto, no hay nada reservado". A su vez, Olivares aseguró que "los resultados deberían ser públicos a fines de este mes (marzo)". Y recalcó que "lo importante es la transparencia".
Sin embargo, el 9 de abril la Comisión de Ética "analizó y aprobó una docena de casos, pero mantuvo reserva sobre los diputados que hicieron presentaciones". Posteriormente, a dicha información publicada por El Mercurio se sumó el anuncio del nuevo presidente de la Cámara de Diputados Patricio Walker (DC). Este dijo el 14 de abril que recién a fines de abril los parlamentarios publicarían su listado de asesores en la página web de la Corporación, pero se apuró a declarar que la medida sería voluntaria. O sea todo quedó igual.
De vuelta a la columna, cabe recordar que la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP) está a punto de ser promulgada. Su objetivo es asegurar el derecho de acceso a información pública y romper con la diferencia de trato entre miembros de la corte y plebeyos (elite y perraje) para que todos los chilenos podamos tomar decisiones informadas.
Hace un tiempo Eduardo Engel contaba una experiencia muy ilustrativa de cuán relevante es poder acceder a información pública de calidad. Se trata de un experimento efectuado en escuelas de Estados Unidos. Un grupo de padres recibía los resultados de sus hijos en una prueba tipo Simce. A otro grupo le entregaban los resultados pero además le adjuntaban las cifras de todas las escuelas de su sector. Así, el segundo grupo podía comparar si la escuela de su hijo era buena y en caso negativo, tenía la información suficiente para cambiarlo a un mejor establecimiento. Como en este caso, cuando hay igualdad de trato a los ciudadanos frente al acceso de información del Estado, escriben Arriagada y Olmedo se rompe la "asimetría de información" y se termina con "el secretismo y la desconfianza ciudadana respecto a las acciones de las autoridades públicas".
*Disclosure: Quién escribe, realizó una investigación sobre Acceso a Información Pública en Chile para la Due Process of Law Foundation, a petición de la Fundación que preside Olmedo: ProAcceso. Será publicada pronto.
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