ONG`s critican el proceso impulsado por Bachelet
De perfiles disímiles, los nominados por la Presidenta al organismo que deberá fiscalizar al Gobierno representan el ‘’equilibrio político’’ necesario para que sus nombres sean visados por el Senado, pese a los posibles conflictos de interés que saltan al mirar los currículos. El proceso despertó críticas de las principales organizaciones expertas en la materia. Tanto, que en abril enviaron una carta a la mandataria sugiriendo criterios para la elección de candidatos, como la paridad de género y que el proceso fuera público. No hubo respuesta. Sigue leyendo
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lunes, 22 de septiembre de 2008
sábado, 9 de agosto de 2008
Lo que hay que saber sobre la Ley de Transparencia y Acceso a Información
El título es de un artículo que te será muy útil para aprender cómo pedir información de los organismos del Estado. Con la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la mayoría de los trámites, documentos y cuestiones relativas al funcionamiento de los organismos de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tendrá carácter público y será obligatorio que los funcionarios respondan tus peticiones en un plazo determinado.
Ya no tendrás que ser periodista, abogado o cualquier otro tipo de profesional con "conocimiento de causa" y capacidad de ejercer presión para exigirle a ese señor/as de un ministerio o un municipio, por ejemplo, que deje de tramitarte y responda tu petición. Bastará con que des tus datos y pidas la información que necesitas para que de inmediato se active el plazo fatal para que te entreguen los antecedentes que necesitas.
Como toda ley que supone un cambio de mentalidad y de la cultura funcionaria en el Estado, cuán bien funcione dependerá de tí. Que ejerzas tus derechos, insistas cuando te denieguen una información, se demoren más de la cuenta o la respuesta sea incompleta, es algo a lo que no debes renunciar.
En la nota de CiperChile se detalla cómo funcionará la cosa. Y en el capítulo sobre Chile de este estudio, escrito por su servidor, se presenta un panorama comparativo sobre el acceso a información pública en Chile en 1998, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Probidad, y el período de diciembre de 2006 a abril de 2007, meses en los cuales el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet instauró la ambiciosa agenda de probidad y transparencia que se tradujo en la nueva ley que estamos comentando.
En dicho documento se detallan desafíos que serán insoslayables para el gobierno y los funcionarios de los poderes del Estado, si no quieren meterse en un problema autoprovocado. Hasta esa fecha persistían el secretismo, la muy chilena práctica de dictar leyes y no aplicarlas; y se comprobaba un tema clave: la falta de capacitación de los funcionarios públicos en el conocimiento de las reglas que rigen el acceso a información pública. Algo que la Agencia de Transparencia y Probidad buscará resolver con un plan marco de reeducación de los funcionarios públicos.
¿Cuál es la gracia de todo esto finalmente? Que a la hora de pedir información pública -producida con los impuestos de todos los chilenos- deje de haber ciudadanos de primera y segunda clase, exista mayor y mejor fiscalización, y usted pueda tomar decisiones sin asimetría de información.
Ya no tendrás que ser periodista, abogado o cualquier otro tipo de profesional con "conocimiento de causa" y capacidad de ejercer presión para exigirle a ese señor/as de un ministerio o un municipio, por ejemplo, que deje de tramitarte y responda tu petición. Bastará con que des tus datos y pidas la información que necesitas para que de inmediato se active el plazo fatal para que te entreguen los antecedentes que necesitas.
Como toda ley que supone un cambio de mentalidad y de la cultura funcionaria en el Estado, cuán bien funcione dependerá de tí. Que ejerzas tus derechos, insistas cuando te denieguen una información, se demoren más de la cuenta o la respuesta sea incompleta, es algo a lo que no debes renunciar.
En la nota de CiperChile se detalla cómo funcionará la cosa. Y en el capítulo sobre Chile de este estudio, escrito por su servidor, se presenta un panorama comparativo sobre el acceso a información pública en Chile en 1998, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Probidad, y el período de diciembre de 2006 a abril de 2007, meses en los cuales el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet instauró la ambiciosa agenda de probidad y transparencia que se tradujo en la nueva ley que estamos comentando.
En dicho documento se detallan desafíos que serán insoslayables para el gobierno y los funcionarios de los poderes del Estado, si no quieren meterse en un problema autoprovocado. Hasta esa fecha persistían el secretismo, la muy chilena práctica de dictar leyes y no aplicarlas; y se comprobaba un tema clave: la falta de capacitación de los funcionarios públicos en el conocimiento de las reglas que rigen el acceso a información pública. Algo que la Agencia de Transparencia y Probidad buscará resolver con un plan marco de reeducación de los funcionarios públicos.
¿Cuál es la gracia de todo esto finalmente? Que a la hora de pedir información pública -producida con los impuestos de todos los chilenos- deje de haber ciudadanos de primera y segunda clase, exista mayor y mejor fiscalización, y usted pueda tomar decisiones sin asimetría de información.
jueves, 17 de enero de 2008
Municipios reprobados en estudio de LyD sobre aceso a información
La alcaldía de Providencia fue la única de las 34 comunas del Gran Santiago que se salvó.
Acá el detalle del estudio realizado por Bettina Horst, economista del think tank vinculado a la Alianza.
Acá el detalle del estudio realizado por Bettina Horst, economista del think tank vinculado a la Alianza.
miércoles, 19 de diciembre de 2007
Informe de acceso a información pública
La Due Process of Law Foundation que dirige Eduardo Bertoni, ex relator especial para la libertad de expresión para la OEA, acaba de dar a conocer un estudio comparado sobre acceso a la información pública en los Poderes Judiciales de Argentina, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú.
El capítulo chileno fue hecho por mí, a petición de la Fundación ProAcceso que coordinó y editó el trabajo. En el capítulo se aborda la situación del acceso a información en los poderes Ejecutivo y Judicial: en primer lugar, a partir de 1998, un año antes de la entrada en vigencia de la "Ley de Probidad", que estableció principios de acceso a información; y en segundo, el período comprendido entre diciembre del 2006 y abril del 2007, meses en los cuales el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet instauró una ambiciosa agenda de probidad y transparencia que está a punto de traducirse en una ley marco.
La recomendación viene de cerca pero el Informe trae conclusiones muy interesantes y reveladoras sobre los avances y problemas que persisten en la materia. Entre ellas, el secretismo, la muy chilena práctica de dictar leyes y no aplicarlas; la falta de capacitación de los funcionarios públicos en el conocimiento de las reglas que rigen el acceso a información pública; o, ciertas libertades que tienen los jueces de la Corte Suprema.
Aquí puedes descargar el informe completo (PDF)
El capítulo chileno fue hecho por mí, a petición de la Fundación ProAcceso que coordinó y editó el trabajo. En el capítulo se aborda la situación del acceso a información en los poderes Ejecutivo y Judicial: en primer lugar, a partir de 1998, un año antes de la entrada en vigencia de la "Ley de Probidad", que estableció principios de acceso a información; y en segundo, el período comprendido entre diciembre del 2006 y abril del 2007, meses en los cuales el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet instauró una ambiciosa agenda de probidad y transparencia que está a punto de traducirse en una ley marco.
La recomendación viene de cerca pero el Informe trae conclusiones muy interesantes y reveladoras sobre los avances y problemas que persisten en la materia. Entre ellas, el secretismo, la muy chilena práctica de dictar leyes y no aplicarlas; la falta de capacitación de los funcionarios públicos en el conocimiento de las reglas que rigen el acceso a información pública; o, ciertas libertades que tienen los jueces de la Corte Suprema.
Aquí puedes descargar el informe completo (PDF)
jueves, 22 de noviembre de 2007
No se entrega información, no insista
Ya se puede descargar el IV Barómetro de Acceso a la Información, estudio anual realizado en conjunto por la Escuela de Periodismo de la UDP, la Asociación Nacional de la Prensa y la Fundación Konrad Adenauer. El Barómetro se basa en una encuesta global a periodistas que trabajan en medios de comunicación chilenos, quienes, mayoritariamente, hicieron notar la “poca disposición de las autoridades e instituciones” a entregar información.
Los datos más relevantes tienen que ver con casos de corrupción o "faltas a la probidad pública", como eufemísticamente se llama a eso en Chile. La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), a raíz de la danza de millones y movidas truculentas que investiga la comisión especial de la Cámara de Diputados, fue la peor evaluada en cuanto a entrega de información por los periodistas. A EFE le siguen en la lista Chiledeportes y Transantiago. En los tres casos la falta de acceso a información se debe a que dichas entidades son investigadas por malos manejos administrativos y financieros.
El estudio se puede descargar en el sitio web de Arturo Arriagada.
Los datos más relevantes tienen que ver con casos de corrupción o "faltas a la probidad pública", como eufemísticamente se llama a eso en Chile. La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), a raíz de la danza de millones y movidas truculentas que investiga la comisión especial de la Cámara de Diputados, fue la peor evaluada en cuanto a entrega de información por los periodistas. A EFE le siguen en la lista Chiledeportes y Transantiago. En los tres casos la falta de acceso a información se debe a que dichas entidades son investigadas por malos manejos administrativos y financieros.
El estudio se puede descargar en el sitio web de Arturo Arriagada.
lunes, 19 de noviembre de 2007
Acceso a información pública y consecuencia parlamentaria
En una columna publicada el viernes en Qué Pasa, el académico de la UDP Arturo Arriagada y el abogado Juan Pablo Olmedo, hablan del acceso a información pública, ese bienaventurado concepto que tiene por fin exigirle al Estado y los funcionarios de sus poderes que den cuenta de sus actos. En los países anglosajones a eso se le llama "accountability". Pero por más de un motivo la traducción literal del concepto al castellano no existe.
En Chile, por ejemplo, si uno va y le pregunta a la mayoría de los parlamentarios locales verá que conocen el término pero no les gusta. Mejor dicho, no les gusta cuando se trata de ellos y de que la ciudadanía tenga herramientas para fiscalizar sus labores.
Arturo toca el punto en su lista de correo y recuerda cómo la semana en el Senado no se aprobó un proyecto de ley que establecía la obligación de los parlamentarios de rendir cuenta pública anual de su gestión. "Mientras los honorables se preocupan de dar $1.000 al Transantiago porque es poco eficiente el sistema, olvidan hacer públicas sus acciones y mecanismos de rendiciones de cuentas. ¿Alguien sabe qué hace un senador por su región? ¿A cuántas reuniones asiste? ¿Cuántos recursos gasta en el ejercicio de su trabajo? Sólo algunos de ellos sube esta información a su sitios web personales", escribe.
En marzo ya se comentaba en La Nación Domingo y aquí la irritante tendencia de nuestros congresistas a mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. El 18 de ese mes el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, el DC Carlos Olivares, anunció que daría a conocer la nómina de parlamentarios que tienen a familiares bajo contrato a más tardar el 1 de abril. La medida había nacido de un acuerdo de los diputados para transparentar su lista de asesores y adecuarse a la ley 20.088, aprobada por ellos mismos en diciembre de 2005. Dicha ley no prohíbe a los congresistas contratar un familiar pero sí especifica que estas contrataciones deben ser autorizadas por la Comisión de Ética. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Leal (PPD) dijo que "hoy día, en la Cámara no hay nada secreto, no hay nada reservado". A su vez, Olivares aseguró que "los resultados deberían ser públicos a fines de este mes (marzo)". Y recalcó que "lo importante es la transparencia".
Sin embargo, el 9 de abril la Comisión de Ética "analizó y aprobó una docena de casos, pero mantuvo reserva sobre los diputados que hicieron presentaciones". Posteriormente, a dicha información publicada por El Mercurio se sumó el anuncio del nuevo presidente de la Cámara de Diputados Patricio Walker (DC). Este dijo el 14 de abril que recién a fines de abril los parlamentarios publicarían su listado de asesores en la página web de la Corporación, pero se apuró a declarar que la medida sería voluntaria. O sea todo quedó igual.
De vuelta a la columna, cabe recordar que la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP) está a punto de ser promulgada. Su objetivo es asegurar el derecho de acceso a información pública y romper con la diferencia de trato entre miembros de la corte y plebeyos (elite y perraje) para que todos los chilenos podamos tomar decisiones informadas.
Hace un tiempo Eduardo Engel contaba una experiencia muy ilustrativa de cuán relevante es poder acceder a información pública de calidad. Se trata de un experimento efectuado en escuelas de Estados Unidos. Un grupo de padres recibía los resultados de sus hijos en una prueba tipo Simce. A otro grupo le entregaban los resultados pero además le adjuntaban las cifras de todas las escuelas de su sector. Así, el segundo grupo podía comparar si la escuela de su hijo era buena y en caso negativo, tenía la información suficiente para cambiarlo a un mejor establecimiento. Como en este caso, cuando hay igualdad de trato a los ciudadanos frente al acceso de información del Estado, escriben Arriagada y Olmedo se rompe la "asimetría de información" y se termina con "el secretismo y la desconfianza ciudadana respecto a las acciones de las autoridades públicas".
*Disclosure: Quién escribe, realizó una investigación sobre Acceso a Información Pública en Chile para la Due Process of Law Foundation, a petición de la Fundación que preside Olmedo: ProAcceso. Será publicada pronto.
En Chile, por ejemplo, si uno va y le pregunta a la mayoría de los parlamentarios locales verá que conocen el término pero no les gusta. Mejor dicho, no les gusta cuando se trata de ellos y de que la ciudadanía tenga herramientas para fiscalizar sus labores.
Arturo toca el punto en su lista de correo y recuerda cómo la semana en el Senado no se aprobó un proyecto de ley que establecía la obligación de los parlamentarios de rendir cuenta pública anual de su gestión. "Mientras los honorables se preocupan de dar $1.000 al Transantiago porque es poco eficiente el sistema, olvidan hacer públicas sus acciones y mecanismos de rendiciones de cuentas. ¿Alguien sabe qué hace un senador por su región? ¿A cuántas reuniones asiste? ¿Cuántos recursos gasta en el ejercicio de su trabajo? Sólo algunos de ellos sube esta información a su sitios web personales", escribe.
En marzo ya se comentaba en La Nación Domingo y aquí la irritante tendencia de nuestros congresistas a mirar la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. El 18 de ese mes el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, el DC Carlos Olivares, anunció que daría a conocer la nómina de parlamentarios que tienen a familiares bajo contrato a más tardar el 1 de abril. La medida había nacido de un acuerdo de los diputados para transparentar su lista de asesores y adecuarse a la ley 20.088, aprobada por ellos mismos en diciembre de 2005. Dicha ley no prohíbe a los congresistas contratar un familiar pero sí especifica que estas contrataciones deben ser autorizadas por la Comisión de Ética. Entonces, el presidente de la Cámara de Diputados Antonio Leal (PPD) dijo que "hoy día, en la Cámara no hay nada secreto, no hay nada reservado". A su vez, Olivares aseguró que "los resultados deberían ser públicos a fines de este mes (marzo)". Y recalcó que "lo importante es la transparencia".
Sin embargo, el 9 de abril la Comisión de Ética "analizó y aprobó una docena de casos, pero mantuvo reserva sobre los diputados que hicieron presentaciones". Posteriormente, a dicha información publicada por El Mercurio se sumó el anuncio del nuevo presidente de la Cámara de Diputados Patricio Walker (DC). Este dijo el 14 de abril que recién a fines de abril los parlamentarios publicarían su listado de asesores en la página web de la Corporación, pero se apuró a declarar que la medida sería voluntaria. O sea todo quedó igual.
De vuelta a la columna, cabe recordar que la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP) está a punto de ser promulgada. Su objetivo es asegurar el derecho de acceso a información pública y romper con la diferencia de trato entre miembros de la corte y plebeyos (elite y perraje) para que todos los chilenos podamos tomar decisiones informadas.
Hace un tiempo Eduardo Engel contaba una experiencia muy ilustrativa de cuán relevante es poder acceder a información pública de calidad. Se trata de un experimento efectuado en escuelas de Estados Unidos. Un grupo de padres recibía los resultados de sus hijos en una prueba tipo Simce. A otro grupo le entregaban los resultados pero además le adjuntaban las cifras de todas las escuelas de su sector. Así, el segundo grupo podía comparar si la escuela de su hijo era buena y en caso negativo, tenía la información suficiente para cambiarlo a un mejor establecimiento. Como en este caso, cuando hay igualdad de trato a los ciudadanos frente al acceso de información del Estado, escriben Arriagada y Olmedo se rompe la "asimetría de información" y se termina con "el secretismo y la desconfianza ciudadana respecto a las acciones de las autoridades públicas".
*Disclosure: Quién escribe, realizó una investigación sobre Acceso a Información Pública en Chile para la Due Process of Law Foundation, a petición de la Fundación que preside Olmedo: ProAcceso. Será publicada pronto.
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