El título es de un artículo que te será muy útil para aprender cómo pedir información de los organismos del Estado. Con la entrada en vigencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la mayoría de los trámites, documentos y cuestiones relativas al funcionamiento de los organismos de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) tendrá carácter público y será obligatorio que los funcionarios respondan tus peticiones en un plazo determinado.
Ya no tendrás que ser periodista, abogado o cualquier otro tipo de profesional con "conocimiento de causa" y capacidad de ejercer presión para exigirle a ese señor/as de un ministerio o un municipio, por ejemplo, que deje de tramitarte y responda tu petición. Bastará con que des tus datos y pidas la información que necesitas para que de inmediato se active el plazo fatal para que te entreguen los antecedentes que necesitas.
Como toda ley que supone un cambio de mentalidad y de la cultura funcionaria en el Estado, cuán bien funcione dependerá de tí. Que ejerzas tus derechos, insistas cuando te denieguen una información, se demoren más de la cuenta o la respuesta sea incompleta, es algo a lo que no debes renunciar.
En la nota de CiperChile se detalla cómo funcionará la cosa. Y en el capítulo sobre Chile de este estudio, escrito por su servidor, se presenta un panorama comparativo sobre el acceso a información pública en Chile en 1998, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Probidad, y el período de diciembre de 2006 a abril de 2007, meses en los cuales el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet instauró la ambiciosa agenda de probidad y transparencia que se tradujo en la nueva ley que estamos comentando.
En dicho documento se detallan desafíos que serán insoslayables para el gobierno y los funcionarios de los poderes del Estado, si no quieren meterse en un problema autoprovocado. Hasta esa fecha persistían el secretismo, la muy chilena práctica de dictar leyes y no aplicarlas; y se comprobaba un tema clave: la falta de capacitación de los funcionarios públicos en el conocimiento de las reglas que rigen el acceso a información pública. Algo que la Agencia de Transparencia y Probidad buscará resolver con un plan marco de reeducación de los funcionarios públicos.
¿Cuál es la gracia de todo esto finalmente? Que a la hora de pedir información pública -producida con los impuestos de todos los chilenos- deje de haber ciudadanos de primera y segunda clase, exista mayor y mejor fiscalización, y usted pueda tomar decisiones sin asimetría de información.
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