La Due Process of Law Foundation que dirige Eduardo Bertoni, ex relator especial para la libertad de expresión para la OEA, acaba de dar a conocer un estudio comparado sobre acceso a la información pública en los Poderes Judiciales de Argentina, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú.
El capítulo chileno fue hecho por mí, a petición de la Fundación ProAcceso que coordinó y editó el trabajo. En el capítulo se aborda la situación del acceso a información en los poderes Ejecutivo y Judicial: en primer lugar, a partir de 1998, un año antes de la entrada en vigencia de la "Ley de Probidad", que estableció principios de acceso a información; y en segundo, el período comprendido entre diciembre del 2006 y abril del 2007, meses en los cuales el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet instauró una ambiciosa agenda de probidad y transparencia que está a punto de traducirse en una ley marco.
La recomendación viene de cerca pero el Informe trae conclusiones muy interesantes y reveladoras sobre los avances y problemas que persisten en la materia. Entre ellas, el secretismo, la muy chilena práctica de dictar leyes y no aplicarlas; la falta de capacitación de los funcionarios públicos en el conocimiento de las reglas que rigen el acceso a información pública; o, ciertas libertades que tienen los jueces de la Corte Suprema.
Aquí puedes descargar el informe completo (PDF)
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