miércoles, 24 de octubre de 2007

Incendios, mentiras y abusos de niños

Suman 10 los niños muertos producto del incendio del hogar de menores del Servicio Nacional de Menores en Puerto Montt. Como todos estos centros, el de esa ciudad, fue bautizado melosamente: "Tiempo de crecer"; y designado con un eufemismo: centro de internación provisoria. Ahora queda un sobreviviente de la tragedia y corren chorros de tinta que antes nadie se dignó a vertir para desactivar la bomba de tiempo que ha sido en los últimos años el Sename. Sí. Una bomba de tiempo. Anunciada en reportajes como "Centro Antuhue: Alcatraz para niños" o "Cárcel de Puente Alto: Campo de concentración para niños". El primero revela las condiciones de vida terroríficas al interior del hogar "Antuhue" en Graneros. Basta leer sólo tres cuñas de la nota escrita por Javier Rebolledo para quedar frío:

1. Más grave es el caso de L.A. En 2003 fue violado al interior de la Casa 1, donde viven los menores de mayor peligrosidad. El chico hizo la denuncia cuando fue sorprendido apaleando a uno de sus agresores. Hoy, explica un educador, L.A. es parte de los menores que actúan como mujeres para el resto de los internos. En la jerga juvenil se los conoce como "los huecos" o "las señoras" y hay una decena de ellos en Antuhué. Usan ropa ajustada y hablan con un tono marcadamente femenino.

2. Hace tres semanas un menor tomó aguja e hilo y se cosió toda la boca. Aunque fue un acto de reclamo por la mala calidad de la comida, dejó en evidencia el profundo daño que le ha producido el encierro y la soledad.

3. Como medida rehabilitadora, al interior de una casa un menor sigue un taller artístico. Tiene 17 años y los educadores le han pasado un dibujo de Tribilín para que lo coloree. Mientras pinta, fuma un cigarro y cuando termina, pide más material. "No hay más" le responden. Se levanta y acompaña a otros dos que ven televisión. O pintar monos o ver tele. "No hay nada más que hacer", dice el joven.

El reportaje fue publicado en The Clinic el 26 de mayo de 2005.

Por su parte en "Campo de concentración para niños", un trabajo del año 2003 si mal no recuerdo, los periodistas de Siete+7 Juan Andrés Guzmán y Daniela Mohor demostraron cómo el sector de menores del presidio de Puente Alto era una escuela del crimen y la violencia. Relataron escenas de niños convertidos en bacinicas, obligados a abrir la boca y recibir la orina de otros niños agresores; de chicos forzados a decir que les gustaba mientras eran violados, y otras atrocidades que permitieron comprender entonces la trastienda del perfil del "Tila", el psicópata de Las Condes, y cuál era el trato de Gendarmería a los menores infractores de ley.

En la última edición de Capital, Patricio Navia dedica su columna al Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (descarga en formato PDF). A raíz de esta columna, Navia recuerda en su lista de correos "El Referente" que los problemas en las cárceles y centros de detención en Chile han sido denunciados repetidamente en dicho estudio anual. "Pero mientras Gendarmería y el Ministerio de Justicia sigan siendo feudos del Partido Radical Social Demócrata -agrega- resulta difícil imaginar cambios sustantivos. Gendarmería ha hecho noticia mucho más por escándalos y contratos de asesorías a altos personeros políticos de la Concertación (incluidos naturalmente miembros de la familia concertacionista) que por reformas que mejoren la calidad de vida, respeten la dignidad de los detenidos y contribuyan a su reinserción saludable en la sociedad. Las cárceles se han convertido en universidades del crimen y, después del trágico incidente de Puerto Montt, parece que -de una forma no intencionada pero certera por omision e irresponsabilidad de las autoridades- en Chile hemos también reinstaurado la pena de muerte".

Si Gendarmería y Justicia han estado en manos del PRSD, como explica Navia, Sename ha sido patrimonio de la DC en sus últimas tres administraciones: Delia del Gatto, Paulina Fernández y, el actual, Eugenio San Martín. Casos dramáticos se registran en cada una de ellas (para ser justos, también en las previas). Desde el actuar de Del Gatto en el caso Spiniak, pasando por las condiciones extremas de muchos de los centros de Sename, denunciadas por los funcionarios cuando se fueron a paro por la implementación de la Ley de Responsabilidad Juvenil, así como las denuncias que pesan sobre algunas de las "entidades colaboradoras" de Sename que reciben subsidio para su trabajo con menores. Los antecedentes están a la mano. No podemos venir a sorprendernos ahora. Si uno los revisa llega a una conclusión cruel: en Chile los niños que el Estado debe proteger son ciudadanos de cuarta categoría. Un amigo dice que se debe a que los niños no votan.

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