El empresario belga que le vendió su estancia a Tompkins y su vínculo con el caso Mirage

En la lista de civiles investigados por el juez Omar Astudillo en el caso de las comisiones ilegales entregadas en el proceso de compra de los aviones Mirage belgas por parte de la FACH, uno resalta debido a su perfil público ajeno a la reserva con que acostumbran actuar los intermediarios en el negocio de armas. Se trata de Francois de Smet, ciudadano belga que fue representante en Chile de Sabca, la compañía que vendió los caza a la FACH.

Según el informe de la justicia belga que investigó la entrega de coimas en Europa, De Smet recibió pagos desde Berthier Investment, empresa creada por Conrado Ariztía, fallecido chileno representante de empresas de armamento que fue pieza clave de las tratativas para que nuestro país adquiriera los aviones en US$ 109 millones. El expediente asegura que De Smet recibió casi US$ 1,3 millones de los US$ 15 millones destinados a comisiones por su participación en el proceso y registró la existencia de cinco cuentas a su nombre abiertas en Luxemburgo.

De Smet, pertenece a una reconocida familia que llegó a Aysén en la década de 1940 y ha sido destacada por revista Capital entre las fortunas regionales del sur de Chile. Pero su nombre suena más debido a que en 2004 le vendió la hacienda Chacabuco al millonario ecologista Douglas Tompkins en una suma cercana a US$ 10 millones. Sus hermanos Jean Pierre e Yves participaron junto a él en las negociaciones de la venta de la Hacienda, en tanto su otro hermano, Carlos, es el productor de la cerveza artesanal premium D’Olbek.

Biógrafo de Tompkins escribe sobre el millonario verde

Andrés Azócar, autor de la biografía no autorizada de Douglas Tompkins*, escribe hoy para El Mostrador.cl. El periodista y director de la Escuela de Periodismo de la UDP (disclosure: donde hago clases), explica por qué el gobierno eligió la política del ''electroshock'' con Tompkins:

No es la primera vez que la Concertación piensa expulsar al magnate. Belisario Velasco, durante el mandato de Frei, estuvo a punto de concretar la medida. Esta vez, sin embargo, el asunto parece más que nada una advertencia, una señal al estilo de la cosa Nostra, pero no para el millonario porfiado y caprichoso, sino para sus enemigos. El mensaje es claro: en los temas medioambientales La Moneda tomó partido.

Nada es lógico en el anunció del gobierno de exigir a Douglas Tompkins que regularice su situación (la de su visa) en Chile, o de lo contrario su expulsión se hará efectiva. No es lógico el momento, la forma ni las dimensiones con que aparece esta no-noticia. Ni tampoco es lógica la estrategia de La Moneda.

Sería fácil atribuir la aparición del Subsecretario del Interior en el Enfoques de El Mercurio a los lazos que el ex empresario estadounidense tiene con los grupos ambientales que han encontrado en The New York Times un respaldo importante y efectivo. Al menos, el diario estadounidense puso el tema de los salmoneros en la agenda, como ningún medio nacional lo ha hecho. Y todos los ojos apuntaron a los amigos de Tompkins y a grupos financiados por su fortuna. Al menos, eso fue lo que se ha discutido entre los empresarios y también al interior del gobierno.

El punto es que si el anuncio del gobierno fue hecho con la idea de que fuese una señal, es más parecido a los métodos de la Cosa Nostra que a los que uno podría esperar de una administración democrática que, se supone, maneja la reserva y la discreción. Habrá que suponer, además, que el gobierno tiene un control estricto de las visas de turista (y de trabajo) de los extranjeros que permanecen en Chile. Más si es un inversionista.

Y no necesita esperar 18 años para darse cuenta de un hecho que debería ser evidente, si se considera que en ese tiempo Tompkins ha establecido negociaciones con los cuatro gobiernos de la Concertación. La visa de turista del ecologista data de 1990. Y la renueva permanentemente. Probablemente una reunión en privado entre Harboe y Tompkins hubiera tenido el mismo efecto pero, además, las condiciones para la renovación de su visa podrían haber sido negociadas y las diferencias de opinión matizadas.

Entonces, la señal de gobierno no parece ir destinada a Tompkins, sino a sus oponentes, y ésta es una sola: La Moneda tomó partido. Tompkins es un duro oponente a la industria salmonera. Con argumentos y arrebatos ha destinado parte de su tiempo y fortuna a golpear a estos empresarios que, en su opinión, no sólo dañan el medioambiente, sino que además le quitan la belleza a la naturaleza. Todo el mundo sabe eso.

Lo insólito es la puesta en escena del gobierno. Durante la administración de Eduardo Frei, Belisario Velasco ocupó el argumento de la visa cuando la idea de expulsar a Tompkins estuvo a punto de ser firmada. Sabían que ese era un punto débil del empresario. La defensa de Juan Villarzú, un llamado de la embajada de Estados Unidos y la cordura de otros miembros del gabinete, evitaron que fuera expulsado. Pero eran tiempos en que la guerra entre Tompkins y La Moneda estaba desatada, era pública y no escondía propósitos.

Nada es lógico en el anuncio del gobierno, salvo los intentos por controlar a una persona que sin duda interviene en materias en que debiera ser más cuidadoso. Pero Tompkins es millonario, porfiado y caprichoso. Cualquier sicólogo le aconsejaría al gobierno usar rabotril y no el electroshock, que fue la rara elección que ocupó este fin de semana el subsecretario Harboe. Más que una noticia, el anunció de la expulsión de Tompkins es una burda campaña comunicacional.

*“Tompkins, el millonario verde”.