En qué está ahora el Ministro del Interior
El rumor de que busca un cupo senatorial en la Primera Región fue tema de conversación en Palacio. A pesar de que el propio ministro ya lo habría descartado e incluso se lo habría comunicado a su círculo poco después de que saliera en la prensa, la pieza jugada por el ex personero de Defensa lo deja con el camino abierto para salir en un próximo cambio de gabinete. Pérez Yoma está en un momento de definiciones. Instalado en el “software de la derrota concertacionista” en el tema presidencial, deberá buscar un nicho para continuar activo en política. Sobre todo ahora que ya es un hecho que su carta, la senadora Alvear, no despegó como él se lo había propuesto. Sigue leyendo
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La mañana del martes en un desayuno de Icare el ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma pidió “un acuerdo nacional para un mejor Estado”, instando a la oposición a “no sacar ventajas políticas” ante los casos de eventuales irregularidades en la administración pública. Ahí destacó las medidas de transparencia del gobierno, entre ellas la declaración de patrimonio de los altos funcionarios públicos en los sitios web respectivos.
Sin embargo, un análisis de la aplicación de las medidas de transparencia activa, indicadas por el Instructivo Presidencial Nº 008, emitido por la presidenta Michelle Bachelet el 4 de diciembre de 2006, reveló que el 73 por ciento de los ministerios del gobierno no acatan la orden de la Jefa de Estado. Tres carteras, la de Interior, Secretaría General de Gobierno y la Secretaría General de la Presidencia, son clave para la implementación de políticas de transparencia y acceso a información, de acuerdo al objetivo de la mandataria. Pero las dos últimas tienen el récord de incumplimiento, junto al ministerio de Educación.
Los ministros de Expansiva, aprueban
Dicho Instructivo Presidencial fue firmado por Michelle Bachelet el 4 de diciembre de 2006, poco después de que se dieran a conocer las irregularidades por la asignación directa de recursos en Chiledeportes, y entró en vigencia a fines de enero de 2007. A través del Instructivo, la mandataria exigió que los organismos de la administración pública detallen en sus páginas web “las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios, el personal de planta, a contrata y a honorarios, las transferencias de fondos que realicen a personas jurídicas, la normativa vigente y los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros”. Además se destinaron recursos del presupuesto nacional para implementar la sección llamada “Gobierno Transparente”, en los portales de Internet de ministerios y servicios, para que cualquier persona pueda conocer quienes trabajan para el Ejecutivo y en qué.
Las circulares Nº 3 y Nº 9 -firmadas por el entonces ministro de Interior Belisario Velasco y su par de Hacienda, Andrés Velasco-, indicaron las directrices para la implementación del instructivo, incluidas las ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones, que tampoco cumplen cabalmente con la orden presidencial. De acuerdo al primer documento “la actualización de la información de (funcionarios de) dotación y honorarios, deberá efectuarse trimestralmente”. Es decir, todas las reparticiones debieran tener publicadas sus listas de personal hasta el 31 de marzo de 2008.
Respecto de “las adquisiciones y contrataciones excluidas de la “Ley de Compras” (Chilecompra)”, la actualización “deberá efectuarse a más tardar dentro de los diez primeros días de cada mes, en relación con los contratos formalizados el mes anterior y así sucesivamente”, indica la circular.
Según el estudio realizado por El Mostrador.cl los días 7, 8 y 9 de abril, en base a la información publicada en la sección “Gobierno Transparente” de las páginas web de los 22 ministerios del gabinete, apenas seis -Economía, Hacienda, Relaciones Exteriores, Energía, Minería y el Consejo de Medio Ambiente (Conama)- siguen el mandato de la Presidenta al pie de la letra, renovando trimestralmente toda la información sobre personal y adquisiciones. En los otros 16 ministerios no acatan partes del instructivo, como la obligación de mantener un registro pormenorizado de las últimas adquisiciones y contrataciones.
Lo curioso es que el mismo documento presidencial establece en su último punto que el Consejo de Auditoría Interna del Gobierno, encabezado por Gonzalo Sánchez, es la entidad responsable de velar por su aplicación.
Los emblemáticos Pérez Yoma, Vidal y Viera-Gallo
Pese a ser la cartera donde se radica el trabajo de la Agencia de Transparencia, que debe velar por el cumplimiento del Instructivo Presidencial y la implementación de la Ley de Acceso a Información Pública, la Secretaría General de la Presidencia, dirigida por José Antonio Viera-Gallo, no ha actualizado los datos de su dotación de planta, ni de personal a contrata y a honorarios. Es más, la última vez que se publicó un listado de personal fue el 8 de enero pasado, con información hasta el 31 de diciembre de 2007.
Las reparticiones dependientes o relacionadas a la cartera de Viera-Gallo también incumplen la ordenanza presidencial. Una de ellas, el Proyecto de Reforma y Modernización del Estado, está íntimamente ligada a la nueva agenda de renovación del Estado propuesta por el titular de Interior, Edmundo Pérez Yoma. Sin embargo, la información relativa al Proyecto tiene tres meses de retraso. Lo mismo ocurre con el Proyecto BID de fortalecimiento de la Estrategia Digital en Chile y la Comisión Asesora Presidencial para la Protección de los Derechos de las Personas. El Servicio Nacional del Adulto Mayor, también ligado a la Secretaría General de la Presidencia, ni siquiera tiene toda la información: “Aún no existen datos para el período. Remítase al año anterior”, se lee en su sección referida al período enero-marzo de 2008.
La secretaría de Estado encabezada por el vocero Francisco Vidal tampoco acata el mandato presidencial. Una vez más, no hay antecedentes de este año de su dotación de planta, contrata y a honorarios.
En Interior se respetan las instrucciones a medias. Sus subsecretarías de Interior y de Desarrollo Regional, tienen al día la información de personal, pero la Subdere aún no ingresa al sistema sus compras de febrero. Hoy, según la normativa, es el último plazo para que incluyan los datos de marzo (y de paso agreguen los del mes anterior). Otra de sus reparticiones, el Servicio Electoral, no está al día con la lista de funcionarios de planta. Tampoco la de personal a contrata y a honorarios.
Estas tres carteras agrupan el corazón de las medidas para transparentar el funcionamiento del aparato del Estado, antes de la entrada en vigencia de la ley de Acceso a Información Pública. Esta fue aprobada en marzo pasado y crea un Consejo para la Transparencia que vigilará y sancionará la denegación de información o incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los funcionarios públicos.
Si el Consejo existiera hoy, los ministros Pérez Yoma, Vidal y Viera-Gallo estarían en problemas. En un aprieto parecido estaría la suspendida ministra de Educación Yasna Provoste, ad portas de una eventual destitución por su responsabilidad política en el multimillonario desorden administrativo del ex seremi Alejandro Traverso. El Mineduc no cumple con informar de sus últimas adquisiciones (apenas hay informes hasta el 31 de diciembre de 2007) ni actualiza los antecedentes de su personal (ver planta, contrata y honorarios).
Ve los documentos en formato .PDF
Instructivo Presidencial No 008
Circular No 3 de directrices de transparencia activa
Circular No 9 de directrices de transparencia activa
